Los grupos popular, socialdemócrata y liberal del Parlamento Europeo acordaron ayer, tras una semana de bloqueo, dar luz verde a los nombramientos pendientes para la Comisión, incluido el de Teresa Ribera como vicepresidenta y responsable de Competencia. El Partido Popular Europeo respaldó finalmente a la española pese al veto de Alberto Núñez Feijóo. Los socialdemócratas cedieron al aceptar al vicepresidente elegido por el Gobierno de Giorgia Meloni, Raffaele Fitto, y al comisario Olivér Várhelyi, aliado del nacionalpopulista húngaro Viktor Orbán. Las comisiones de la Eurocámara avalaron anoche los nombramientos. Antes Ribera compareció en el Congreso y el Senado, como exigía el PP, y negó tener responsabilidad en la respuesta a la dana. Apuntó al president, Carlos Mazón, y alegó sobre los avisos de los organismos oficiales: “De poco sirve tener la información si quien tiene que actuar no lo hace”.

Los Veintisiete frenaron ayer los cambios profundos a la ley de deforestación —una normativa medioambiental clave del Pacto Verde europeo— que buscaba impulsar el Partido Popular Europeo (PPE) mediante una reforma legislativa para la que se apoyó en las fuerzas ultras del Parlamento Europeo. El Consejo (los Estados) rechazó, por una amplia mayoría, los cambios propuestos por la Eurocámara la semana pasada. Prefirieron limitarse a validar el aplazamiento de un año de la entrada en vigor del reglamento, tal como reclaman varios países y

lobbies industriales. Cortaron así de raíz el intento de los legisladores conservadores de introducir unas reformas que, según habían advertido expertos y eurodiputados opuestos a ellas, habrían vaciado de contenido una ley considerada pionera en el mundo en la lucha contra la deforestación, una de las claves para combatir el cambio climático. La ley de deforestación, ratificada en 2023 con holgadas mayorías tanto por los Estados como en la Eurocámara, debía aplicarse a partir del 1 de enero. Pero tras múltiples presiones de la industria,

lobbies, países —tanto europeos como Brasil, Indonesia o Malasia— y varios grupos políticos europeos, la Comisión Europea aceptó el pasado octubre aplazar un año su implementación.

Al tratarse de una ley ya aprobada, el cambio debía recibir el visto bueno de las dos partes que la negociaron: el Consejo y el Parlamento Europeo. Y es ahí donde el PPE aprovechó para presentar una serie de enmiendas que habrían significado vaciar totalmente de contenido el reglamento pionero.