Los rectores de las seis universidades públicas de Madrid decidirán mañana en sus consejos “acciones extraordinarias” ante la asfixia económica de los campus por parte del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso. En una carta abierta, los rectores avisan de que no pueden “garantizar la calidad del servicio público”.

Mañana, de forma simultánea, los rectores de las seis universidades públicas de Madrid (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) someterán a votación, en consejos excepcionales, “acciones extraordinarias” pactadas entre ellos para tratar de salir vivos de la miseria en la que les ha posicionado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el que peor invierte por alumno (21% menos que la media) pese a su enorme renta per capita regional (36,5% más). En una carta abierta que harán pública, y a la que ha accedido este diario, alertan de que con la “inestabilidad económica del sistema” no pueden “garantizar la calidad del servicio público”. Los rectores piden que se enmienden los Presupuestos (solo ha subido un 0,9% la partida) durante su trámite en la Asamblea, que se aumente “considerablemente” la partida de infraestructuras, que se elabore “de inmediato” un modelo de financiación plurianual y que se garantice la bajada de la precariedad de las plantillas, como exige la reforma universitaria.

“El borrador de Presupuestos aprobado por el Gobierno de la

Comunidad de Madrid no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central, ni financiar las exigencias de la nueva ley de universidades”, señalan los rectores en su comunicado. “Tampoco incluye recursos para garantizar el mantenimiento imprescindible de los edificios, indispensable para su funcionamiento [se invierte 12 veces menos que en 2007] y seguridad en condiciones adecuadas”.

Hace casi un mes se supo que el presupuesto solo aumentaría un 0,9% pese a las buenas palabras de la Consejería de Educación, sabedora de su quiebra. “La partida se mantiene en la misma cuantía que en 2024, pues la aparente (y mínima) subida corresponde solo a una parte del incremento salarial que ya fue aplicado a los empleados públicos en este mismo año 2024 con respecto a lo inicialmente presupuestado para el mismo año”, recuerdan los rectores. “Esto, sumado al aumento de los costes salariales y al encarecimiento de la energía, servicios y productos, representa un retroceso en términos reales para la financiación universitaria”. Con la partida actual, los campus cubren el 80% de los sueldos, según sus cálculos. Completan el presupuesto con las matrículas.

Las universidades cuentan con “una subvención nominativa de cuantía inferior a la de 2009 en euros de ese mismo año, por tanto, sin tener en cuenta ni siquiera la inflación”, lo que contrasta con “un aumento acumulado del 34,9% en el IPC entre enero de 2009 y septiembre de 2024 (según el INE)”. Otras comunidades han solventado esta brecha con planes plurianuales. Y recalcan los rectores que el artículo 55 de la LOSU (la Ley Orgánica del Sistema Universitario) “establece de forma clara la obligación de las administraciones públicas de garantizar los recursos necesarios para la suficiencia financiera de las universidades”.

El sistema público madrileño cuenta con 30.000 profesores y personal técnico de servicios, y 220.000 estudiantes, la segunda cifra más alta de España. “La falta de inversión compromete gravemente las condiciones necesarias para garantizar un entorno adecuado para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación”, inciden los rectores. A ello se une que la Comunidad se niega ahora

No hay “recursos para garantizar la seguridad de los edificios”, afirman

Al frente de Hacienda está Rocío Albert, conocida cabildera de las privadas

a cofinanciar 1.100 profesores ayudantes doctor con el Ministerio de Universidades, como sí hacen el resto de comunidades, también las del PP, aunque en verano abrazó con dudas el acuerdo.

Guerra abierta

La guerra con la presidenta ya es abierta, pese al perfil conservador de casi todos los rectores, que hacen una férrea defensa de la educación pública como motor económico y de ascensor social. Ayuso trata a menudo a la universidad como un nido de protesta y vandalismo: “A lo largo de los años, hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos...”, señaló una vez. Y hace 12 días cargó contra la Complutense en el marco del caso Begoña Gómez: “Toda la izquierda tiene colonizada la universidad pública Complutense”. Este lunes, el rector Joaquín Goyache, tras recibir presiones de sus profesores, publicó una carta en la que recriminaba a la presidenta “desmerecer” a su institución con expresiones “injustas y falsas”, reduciéndola así a una “caricatura ideológica”.

El drama se viene cociendo desde hace una década, pero con las sentencias ganadas en el Tribunal Supremo al Gobierno de Esperanza Aguirre, los rectorados han ido tapando huecos pese a estar infrafinanciados. Pero esa partida de 456,2 millones de euros se ha agotado y en abril los rectores alertaron en un acto conjunto de que necesitaban 200 millones más (un 18% más de presupuesto) para “salvar los muebles”.

El siguiente rejonazo llegó en julio, cuando los rectores conocieron un primer borrador de la ley de educación superior y se escandalizaron. Consensuaron entonces una carta al consejero Emilio Viciana en la que denunciaban una invasión de la norma en sus competencias. Entre otras cosas, la ley pretende esquivar el adiós a los colegios mayores que segregan por sexo a la que obliga la LOSU y asegurar el castigo a los escraches y el vandalismo, ya recogido en la Ley de Convivencia nacional. Es decir, Ayuso buscó el enésimo choque frontal con el Gobierno de Pedro Sánchez, que dijo que acudiría a los tribunales si la iniciativa salía adelante. Según la ministra Diana Morant, Madrid destina el 0,4% del PIB a universidad, por debajo de la media del 0,55%.

Hasta el último minuto los rectores confiaron en que Ayuso no les abocase a la ruina, pero el 31 de octubre se confirmó que la partida subía un 0,9%. El 21 de noviembre se reunieron con el consejero Viciana, que terminó con sus esperanzas. Al frente de Hacienda esta Rocío Albert, profesora en excedencia de la Complutense y conocida cabildera de las universidades privadas, incluso compaginándolo con su cargo político. Pronto, Madrid aprobará su decimocuarta Universidad privada.