Después de dos años de desencuentros y de una compleja negociación durante el último mes, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, escenificaron ayer en Almonte el acuerdo político que pone fin a la tramitación en el Parlamento andaluz del Proyecto de Ley de Regadíos y que supone un punto de inflexión en el modelo económico, ambiental y social de todo el entorno de Doñana. Este pacto será trasladado a la Comisión Europea por el Ministerio con el objetivo de que contribuya al archivo del expediente abierto por la Comisión Europea y cuenta con el respaldo de la comunidad de agricultores y, de forma inicial, de expertos y ecologistas.

El acuerdo firmado realmente es una declaración política de intenciones de ambas administraciones en el que se comprometen a trabajar de forma conjunta en la protección de Doñana, en el desarrollo socioeconómico de la zona, en el cumplimiento de la legalidad vigente, en la respuesta a los agricultores con cultivos de regadíos afectados el acuífero y en una actuación coordinada ante el expediente de la Comisión Europea. Por eso, en el documento firmado no hay ni medidas concretas ni presupuesto.

Pero detrás de este protocolo firmado hay una estrategia conjunta de compromisos y de actuaciones concretas vinculadas al entorno de Doñana que ejecutarán las dos administraciones en los próximos años. Cada una por su cuenta pero ambas de forma coordinada. Estas medidas están valoradas en 1.400 millones de euros. Este importe se distribuye entre más 700 millones que asume el Gobierno de España (360 ya aprobados en 2022 a los que se suman otros 350 millones) y otra cuantía similar que pone encima de la mesa el Gobierno autonómico entre inversiones hidráulicas y distintos programas de impulso del entorno. En este programa hay medidas que están ya en marcha, otras estaban ya presupuestadas y otras son de nueva incorporación. Se incorporan todos los fondos europeos, cualquier intervención en el entorno de Doñana e incluso las ayudas de la PAC. Todo suma en esta estrategia conjunta.

Y el primer gran punto de esa estrategia destacado por sus firmantes es su alcance. El plan se va a desarrollar en todo el entorno de Doñana, en una superficie de 2.900 kilómetros cuadrados donde reside una población de 206.547

personas distribuidos por 14 municipios de tres provincias. Concretamente, el desarrollo del plan afecta a Sanlúcar (Cádiz); Almonte, Bollullos, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos y Rociana (en Huelva) y Aznácazar, Pilas La Puebla del Río, Villamanrique e Isla Mayor (en Sevilla). Por tanto, va mucho más allá de los municipios limítrofes con Doñana de la provincia de Huelva. Según los datos que figuran en los informes suscritos por ambas administraciones, el 38,3% de los afiliados a la Seguridad Social pertenecen al sector primario.

Acuerdo favorable

El punto clave de este pacto es la solución que se ha encontrado para los agricultores con cultivos de regadío, principalmente de frutos rojos, en el entorno de Doñana, para evitar que usen agua del acuífero. En 2014 se puso en marcha una regularización de estos cultivos y se legalizó una parte de ellos. Sin embargo, otros quedaron fueran y han mantenido su actividad agrícola fuera de la norma, lo que ha conllevado distintos expedientes sancionadores. Este problema fue el que hizo estallar el conflicto hace dos años hasta desembocar en una Ley de Regadíos que el PP y Vox presentaron y defendieron en el Parlamento andaluz y que ahora se retira gracias a este acuerdo. Después de meses de negociación, la solución encontrada es la más favorable para los agricultores con condiciones incluso más ventajosas que la propia proposición de ley que se tramitó, según valoraron los propios agricultores presentes en al acto de firma de este acuerdo.

Las dos administraciones han pactado un sistema de incentivos para que estas superficies agrícolas se transformen sin que en ningún caso se produzcan adquisiciones de suelos. En los catorce municipios del entorno de Doñana hay 895 explotaciones con 4.479 parcelas repartidas en una superficie de 8.325 hectáreas. Para todas ellas se plantean tres opciones. No habrá excepciones con independencia de la situación legal y administrativa de los cultivos, aunque no se paralizarán expedientes que estén en curso. Pero sí se podrán acoger a este plan de ayudar a superficies que mantuvieran cultivos de regadío con incidencia sobre Doñana sin base legal y fuera de los planes de regularización.

La primera propuesta en el acuerdo consiste en la renaturalización de las superficie agrarias. Podrán acceder a unas ayudas de 10.000 euros al año por hectárea, que abonarán entre el Gobierno central (7.000 euros), la Junta de Andalucía (1.000 euros), y la Diputación Provincial de Huelva (2.000), durante un periodo de diez años (que de acuerdo con la Junta de Andalucía podría reducirse a cinco años). En total, 100.000 euros. Los empresarios se comprometerán a mantener el nuevo uso forestal de los suelos durante un periodo de 30 años. La titularidad de los suelos la mantendrían. El acceso a estas ayudas se realizaría mediante convocatoria.

La segunda posibilidad que se abre con el acuerdo suscrito consiste en la implantación de nuevos cultivos de secano por parte de los agricultores. En este caso, las ayudas serán inferiores. Recibirán 2.500 euros por parte del Ministerio al año por hectárea . La tercera opción a la que podrán acceder los agricultores es implantar modelos de agricultura ecológica en las superficies. En este caso, las ayudas por parte del ministerio ascienden a 1.000 euros por hectárea con un periodo máximo de cinco años. Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva aún no han concretado su participación en estas otras dos propuestas para los agricultores.

«Es un pacto histórico que responde al interés general de Doñana, de Huelva, de Andalucía y de toda España», apuntó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En este mismo sentido, la vicepresidenta del Gobierno expresó su satisfacción y destacó la importancia a nivel internacional dado que la situación del parque había traspasado las fronteras del territorio español: «Es un reflejo de los compromisos con los vecinos de Doñana y respondemos a los mandatos de la legislación europea», indicó Teresa Ribera. De hecho, uno de los puntos del acuerdo es dar una respuesta coordinada para que concluya el procedimiento abierto por la Comisión Europea por Doñana.

Además de este plan de ayudas específicas a los agricultores, el acuerdo establece 334,8 millones en inversiones de carácter hidráulico por parte de la Junta. Se trata de proyectos que en algunos casos ya están iniciados pero que tienen impacto sobre el entorno del parque y sobre la falta de agua. La inversión más cuantiosa incorporada en esta planificación es la EDAR Copero ubicada en Dos Hermanas con 70 millones. Se incluyen también otras estaciones depuradoras en La Antilla, Mazagón, Matalascañas, o Sanlúcar. Hay 12 millones también incluidos para la mejora del abastecimiento en Isla Mayor y Burguillos.

La Junta también asume un plan de apoyo al sector pesquero por un importe de 23,5 millones de euros que incluye el plan de gestión de la coquina, ayudas vinculados a la captura de bívalos como la chirla en Sanlúcar o tareas de control científico. En cuanto a la agricultura, se cifra la inversión por parte de la Junta de Andalucía en 251,5 millones de euros en medidas ya previstas o de nueva incorporación y otros 96,3 millones para el espacio natural de Doñana, una cifra que incorpora proyectos como la adquisición de la Veta de la Palma (72 millones), una medida anunciada por la Junta de Andalucía durante este conflicto y que supone una ampliación de las hectáreas protegidas del parque.

Por parte del ministerio, dentro de los 350 millones adicionales que se incorporan en este acuerdo se recoge un plan extraordinario de 32 millones para mejorar las condiciones de vida de los temporeros con alojamientos y medidas sociales y 30 millones para energías renovables. Los ayuntamientos serán los adjudicatarios de un plan de ayudas de 70 millones para el desarrollo de proyectos en sus municipios. Ellos participarán además de la implementación de la Marca Doñana, como un modelo que permita la reactivación económica y la generación de actividad en el sector turístico, artesanal o comercial y que refleje ese punto de inflexión para el parque que debe ser el acuerdo suscrito ayer.

Al margen de las medidas, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía tuvo un marcado carácter político que ninguno de sus dos protagonistas eludieron. Como señaló la vicepresidenta tercera, en su primer acto oficial de la nueva legislatura había formalizado un acuerdo con la mayor comunidad autónoma de España y con uno de los principales referentes del PP. «Pactar, dialogar, construir juntos a veces parece revolucionario pero es lo que debería ser siempre. Un consenso que está por encima del ruido y de la división», apuntó Ribera.

Al otro lado, Juanma Moreno, antes del inicio de su segundo año de mayoría absoluta y cuando está a punto de cumplir cinco años en el Gobierno autonómico, se convierte en el primer presidente autonómico del PP en cerrar un acuerdo con el Gobierno central en un tema además de alcance nacional e internacional. «Me encantaría que esto fuera la línea de relación entre administraciones entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Tenemos discrepancias evidentes en algunas cuestiones pero nuestra obligación es la defensa del interés general de Andalucía», resumió Juanma Moreno.

El propio presidente autonómico en su intervención resumió su evaluación del acuerdo con una frase: «Todos ganan, nadie pierde». Y en esa línea fueron todas las valoraciones del acuerdo que se sucedieron a lo largo de la jornada. En primer lugar, todos los implicados, desde los agricultores, los regantes hasta los representantes institucionales del entorno del parque. En segundo lugar, asociaciones ecologistas y colectivos que se movilizaron en contra de la propuesta de ley de regadíos que ampliaba la regularización de. Y por último de la mayoría de los grupos políticos, especialmente el PSOE-A que defendió públicamente la necesidad de este acuerdo.

La única voz discrepante fue Vox, partido que fue promotor del acuerdo de ley de regadíos con el PP y que se erigió como protagonista de la defensa de los agricultores, y que se ha quedado al margen de este pacto.

Diálogo

Se trata del primer gran acuerdo del Gobierno central en esta legislatura con una comunidad del PP

Europa

Las dos administraciones acuerdan una defensa conjunta para que se archive el expediente de la Comisión Europea

Vivienda

Habrá un plan de mejora de las condiciones de vida de los temporeros

El Gobierno central ha abierto un nuevo frente con el de la Comunidad de Madrid, esta vez, a cuenta del agua. Concretamente, del abastecimiento de la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso, y en la que viven más de 7 millones de personas. Díaz Ayuso anunció ayer que había recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que modifica el Plan Hidrológico del Tajo, y acusaba a Pedro Sánchez de querer «boicotear el sistema de abastecimiento de agua en Madrid, para que esta región se rinda por sed».

La líder madrileña apretaba el botón rojo el mismo día en que el Ejecutivo andaluz cerraba con Moncloa el conflicto por el riego del Parque Nacional de Doñana. «Casualidad» , aseguraban en el entorno de Díaz Ayuso, aunque el recurso se había presentado el 4 de octubre y no se dio a conocer hasta ayer.

El Ejecutivo madrileño, a través de su empresa pública Canal de Isabel II, presentó distintas alegaciones al nuevo Plan Hidrológico, que fueron desestimadas por el Gobierno central. Razón por la cual, explican en la Real Casa de Correos, se optó por acudir al Tribunal Supremo y reclamar la nulidad de varias de las normas.

Sincronía

Díaz Ayuso decidió dar publicidad a esta acción ayer a primera hora de la mañana, durante una intervención ante el Círculo de Navarra, y prácticamente ala vez quesees tab afirmando el acuerdo entre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Portavoces oficiales del Ejecutivo andaluz esquivaban la polémica y la curiosa sincronía entre el final de un conflicto y el inicio del otro.

Díaz Ayuso cargó con todo contra el Real Decreto del Gobierno, aprobado en enero de 2023 y contra cuyo contenido ya se había manifestado la anterior consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, en mayo de 2022. Advirtió que «cambia radicalmente las reglas, boicotea el sistema de abastecimiento de agua de la Comunidad madrileña» y es fruto de «la obsesión de Sánchez con Madrid, que no tiene límites, y ahora pretende que esta región se rinda por sed».

Entre otros aspectos, critica la presidenta que la nueva normativa «pone impedimentos a los trasvases necesarios para que llegue el agua a las casas de los madrileños» e «impide cumplir los requisitos de depuración» . Pero sobre todo, se subleva porque se «pretende que el agua de los madrileños dependa de unos permisos que ellos mismos autorizarían o denegarían mes a mes, arruinando cualquier capacidad de planificación».

En su resumen, para Díaz Ayuso este «nuevo ataque de Sánchez contra Madrid es el más mezquino e inhumano de t odos » , y c oncluyó: «Nos quieren dejar sin trenes, sin aviones de corta distancia, sin museos y sin instituciones, nos quieren discriminar con la financiación, pero no hay nada peor que pretender racionar el agua a casi siete millones de personas».

Caudales «injustificados»

En el recurso que Canal de Isabel II plantea contra la Administración General del estado, al que tuvo acceso ABC, se recuerda que Madrid cuenta con dos concesiones para el aprovechamiento de aguas del río Alberche, para abastecer a l a población, por 219,8 hectómetros cúbicos anuales.

Se impugnan varias partes de la norma. Por un lado, lo relativo a los caudales ecológicos –los que mantienen al menos la vida piscícola, que estiman en el Gobierno madrileño que se fijan en la norma «de forma injustificada y sin tomar en consideración la singularidad de las masas de agua a que afectan». Puede ocurrir, denuncian, que «durante el estiaje, en muchos ríos sería literalmente imposible realizar desembalses obligatorios permanentes, porque puede estar entrando menos agua de la que se exige desembalsar».

Sólo para Madrid

También piden la nulidad del artículo que fija la autorización previa antes de trasvasar agua, porque incumple los principios de jerarquía normativa y de reserva de ley, y supone de hecho «estar revisando de hecho las condiciones de las concesiones otorgadas».

Y además, insisten en que hay medidas que «no se exige en ninguno de los restantes planes de cuenca que contiene este real decreto y afectará únicamente a las transferencias hídricas que se produzcan desde el embalse de San Juan hasta el de Valmayor, ambos en la Comunidad de Madrid».

Ante las quejas de Díaz Ayuso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acusó a la presidenta madrileña de estar «generando problemas». Su ministerio matizó que el nuevo plan no variaba el volumen de las concesiones existentes para el abastecimiento de Madrid, y recordaban a renglón seguido que, según la Constitución, es «competencia exclusiva del Estado» legislar y ordenar los ríos cuando discurren por más de una comunidad.

El portavoz socialista madrileño, Juan Lobato, ironizó sobre el asunto: «Esto es el PP de Madrid, esto es Ayuso, aprovecha cualquier cosa para atacar no ya al Gobierno de España, sino a Feijóo y al PP, ‘¿que pactan Andalucía y el Gobierno de España? Yo al día siguiente, que Sánchez quiere ahogar Madrid’».