La banca enfrenta en España una situación normativa singular con los activos tóxicos. El Gobierno aún debe trasponer al ordenamiento jurídico la directiva que regulará esta actividad y cuya implantación debería estar lista antes del 29 de diciembre próximo y en septiembre entró en vigor el reglamento que ya obliga a las entidades a cumplimentar unos formularios cuando venden carteras crediticias morosas.

Las plantillas elaboradas por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) incluyen 129 campos (69 datos son obligatorios y el resto de voluntarios) y buscan establecer una información estandarizada para promover el mercado a escala continental y alentar la concurrencia de inversores, eliminando barreras informativas. Desde Angeco, la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Créditos que aglutina al grueso del sector, minimizan la distorsión del decalaje normativo porque España cuenta con un mercado muy maduro y la práctica ha impuesto reportes informativos que, en muchos casos, exceden la nueva exigencia.

Sin embargo, las plantillas sí introducen algún dato que puede suponer un desafío. El mayor es que exigirán a la banca desglosar los intereses que cobran a clientes en los créditos que vendan de manera individualizada, algo que no se estaba compartiendo hasta ahora. Las entidades suelen detallar el capital pendiente de cobro de la deuda y añadir de manera genérica que también devenga intereses, pero la falta de concreción lleva en la práctica a que los compradores de la deuda no reclamen a los titulares su retorno. Su inclusión implicaría una mayor capacidad de recobro, o ajustes en el precio de la transacción si el vendedor renuncia a detallarlos.

En el mercado echan en falta datos que ayudan a valorar la transacción y gestionar la recuperación que suelen compartirse en España como el género y la edad del deudor, cuándo declaró el concurso la empresa o dejó de pagar el cliente, o los códigos de identificación del proceso concursal, que ayudan a identificar el activo. En Angeco, que busca y fomenta la colaboración para conseguir la mayor regulación posible, confían en que las entidades seguirán compartiendo los datos actuales para favorecer las transacciones.

Los préstamos dañados están bajo lupa de supervisores y legisladores desde la crisis financiera. La EBA ha diseñado las plantillas tras analizar las diferentes prácticas de mercado y someterlas a consulta. Los formularios tendrán que estar disponibles en formato electrónico y aplicarán para las entidades financieras que vendan deuda. Quedan fuera de la obligación operaciones que formen parte de una desinversión de sucursales, líneas de negocio y las operaciones complejas (titulizaciones, con derivados, etc.).