Como es bien sabido, el Reino Unido es una democracia parlamentaria. Los británicos votan en las elecciones legislativas la formación de un Parlamento y es la mayoría de ese Parlamento la que decide quién forma el Gobierno y quién es el primer ministro que lo encabeza. Los conservadores, liderados por Boris Johnson, consiguieron una amplísima mayoría absoluta en las elecciones de 2019 y, por lo tanto, no solo es perfectamente legal sino políticamente legítimo que, tras el anuncio de dimisión de Johnson el pasado 7 de julio, sea otro conservador el encargado de sucederle en Downing Street. Sin embargo, es muy dudoso que el sucesor de Boris —o más probablemente la sucesora, porque la candidata Liz Truss es clara favorita frente a su rival, Rishi Sunak— tenga esa legitimidad.

¿Por qué? Fundamentalmente, porque lo que está ocurriendo no es meramente la elección del próximo líder del Partido Conservador y, en consecuencia, del próximo primer ministro, sino una competencia feroz entre los dos candidatos que les ha arrastrado a ofrecer una larga y contundente lista de promesas electorales en temas tan relevantes como la fiscalidad, recortes del gasto público, Brexit/Unión Europea, asilo e inmigración, igualdad de género, defensa, educación, sanidad, cambio climático, etc. Es decir, los conservadores están alterando de manera profunda el programa electoral que les dio la victoria en 2019, pero ni se justifica por crisis como la covid ni, punto crucial, lo están sometiendo al veredicto de todos los británicos, sino solo a una minoría de menos de 200.000 votantes: los militantes del Partido Conservador. Ese problema de legitimidad se redobla por el hecho de que esas promesas electorales lo que buscan es convencer a un electorado que no solo es pequeño, sino con un perfil muy particular: avejentado; obviamente, conservador con ce mayúscula, pero también con ce minúscula; favorable al Brexit duro; y más contrario a la inmigración o la multiculturalidad que el conjunto del país; más partidario de los recortes de impuestos que de los aumentos de gasto público...

Eso facilita que las promesas electorales de lo que en realidad no son unas elecciones, sean aún más extremas —y en este caso, muy escoradas a la derecha— de lo que serían si los candidatos tuvieran que pelear por el voto en todo el país.

Ser una democracia parlamentaria significa que los ciudadanos delegan su poder en el Parlamento, a sabiendas de que cada cuatro o cinco años pueden enmendar esa decisión y encumbrar a la oposición. Por lo tanto, si el primer ministro dimite a mitad de la legislatura, el sucesor debería ser elegido bien por todos los votantes, bien por el propio Parlamento. En este último caso, si hubiera un partido con una clara mayoría, tiene sentido que sean los diputados de ese partido los que decidan quién ha de ser el nuevo primer ministro. Así se hacía hasta que muchos partidos políticos —no solo en el Reino Unido— decidieron que fuera la militancia la que tuviera, de una forma u otra, la última palabra en la elección del líder. Eso, que puede tener muy buenas intenciones y parecer muy democrático, invita a un radicalismo ideológico que cada vez huele más a populismo.

La competencia que se da hoy entre Truss y Sunak no se dio cuando Gordon Brown sucedió a Tony Blair en 2007, ni cuando Theresa May hizo lo propio con David Cameron en 2016 tras perder este el referéndum del Brexit. Los rivales tanto de Brown como de May se retiraron antes de que votara la militancia y ellos fueron “coronados”, como se dice en el argot político británico. La elección del líder por la militancia plantea problemas importantes cuando se trata de suceder a un líder y primer ministro a media legislatura. No siempre tiene sentido convocar unas elecciones generales y no siempre hay consenso para coronar a un candidato único. Pero peor es que el partido en el poder altere el mandato de las urnas, No parece una forma muy legítima de llegar a Downing Street.