La vacunación obligatoria del personal sanitario contra el coronavirus amenaza con convertirse en un debate lleno de aristas. Solo un día después de que el Gobierno francés anunciara su intención de aplicar esta norma a partir de septiembre si médicos, enfermeros y trabajadores de residencias no arrojan una inmunización del 80% para ese momento han comenzado ya las críticas desde algunos sectores, que ven en esta orden un ataque a los derechos recogidos en la Constitución. El asunto resulta tan delicado –más en Francia, donde hay un elevado escepticismo con las vacunas– que el primer ministro, Jean Castex, adelantó que antes de aprobar la ley el Ejecutivo consultará al Consejo de Estado, al Consejo Constitucional y a los grupos políticos parlamentarios.

De lo que se trata es de evitar conflictos mayores, como el que estos días sacude Italia, donde trescientos profesionales de la Sanidad han pedido a los tribunales que derogue la obligación del personal médico y sanitario de vacunarse contra la covid-19. Rechazada por numerosos gobiernos, entre ellos casi todos los de la UE y EE UU, Italia abogó en abril por seguir con este suero el mismo camino que con otros –por ejemplo, el de la poliomielitis o la hepatitis B–, que en bastantes lugares son obligatorios para los empleados de la Sanidad.

El recurso se ha presentado ante el Tribunal Administrativo de Brescia, en representación del personal sanitario que ejerce en la región lombarda, Cremona, Bérgamo y Mantua. La norma implica que los profesionales en contacto con los ciudadanos o los enfermos –incluido el personal de farmacia– deben estar inmunizados o, en caso contrario, ser destinados a otros puestos. También se contempla la suspensión de empleo en las situaciones más extremas. La audiencia judicial se celebrará el 14 de julio.

Sin reparos

«No es una batalla de los no-Vax (los opositores a las vacunas), sino una batalla democrática. Se obliga a las personas a correr un riesgo so pena de no poder ejercer su profesión», explicó a ‘Il Giornale di Brescia’ el abogado Daniele Granara, autor del procedimiento y que también ha defendido a decenas de sanitarios apartados por negarse a vacunarse.

En realidad, los médicos, enfermeros o farmacéuticos italianos no han tenido demasiados reparos a la hora de administrarse el suero. Los datos más recientes señalan que de 1,9 millones de trabajadores del sector sanitario, sólo 45.750 se encuentran sin vacunar. Este colectivo, junto con los profesores y las personas mayores o vulnerables, es el que más pronto se sumó a la campaña de inmunización.

En Francia, en cambio, la situación es diferente. El grado de vacunación en el personal médico y de atención a la tercera edad oscila del 54% al 67%, lejos aún de lo que se considera suficiente para garantizar una protección general. Y al Gobierno le preocupan las predicciones de los virólogos que no descartan una nueva oleada el próximo mes ni una cadena de rebrotes en otoño.