Al condenarlos por malversación de fondos públicos además de por sedición, la sentencia del Supremo contra los líderes secesionistas confirmó que, entre otras cosas, el ‘procés’ también era una forma de corrupción. Ahora, otro de los casos judiciales derivados del desafío separatista apunta en esa línea. La Fiscalía pide seis años de cárcel para el exconsejero de Interior de la Generalitat Miquel Buch por desviar fondos, en este caso, para pagar la escolta de Puigdemont en Bélgica.

El primer consejero de Interior del gobierno de Quim Torra fichó para el departamento al sargento de los Mossos d’Esquadra Lluís Escolà. Sobre el papel, Buch le habría contratado como asesor en materia de seguridad. Pero la Fiscalía, que además de la pena de prisión reclama para el exconsejero 27 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, considera que todo era una mera tapadera. A lo que se dedicaba este policía en realidad era a funciones de «protección, escolta, custodia y asesoramiento» de Puigdemont después de su fuga. Entre julio de 2018 y marzo de 2019 cobró 52.721 euros. El teniente fiscal superior de Cataluña, Pedro Ariche, reclama a Buch y a Escolà que devuelvan este dinero al erario público por su «torticera conducta».

Un dispositivo clandestino

Este sargento de la Policía autonómica fue hasta octubre de 2017 jefe del operativo de la Unidad de Presidencia del Área de Escoltas de los Mossos. Por ello se encargaba de planificar y coordinar la seguridad del entonces todavía presidente de la Generalitat, tanto en su actividad pública como privada. Y tras la frustrada declaración de independencia, este mosso fue, según la Fiscalía, uno de lo que organizaron el «dispositivo clandestino» para que la noche del 29 de octubre de 2017 Puigdemont se fugara. Primero, en coche a Francia y desde el país galo en avión a Bélgica.

La ayuda al ya ‘expresident’ en su fuga, que Escolà no comunicó a sus superiores jerárquicos, le valió un expediente de la División de Asuntos Interior (DAI) de los Mossos. Se le destinó provisionalmente a la comisaría de la Policía autonómica de Martorell (Barcelona). Sin embargo, según la Fiscalía, Escolà no trabajó allí un solo día al encadenar vacaciones, permisos y libranzas. En realidad esos días se dedicaba a escoltar a Puigdemont en el extranjero, pese a que el Tribunal Supremo ya había declarado en rebeldía al expresidente de la Generalitat.

Buch entra en juego en este asunto en mayo de 2018 cuando Torra le nombra consejero de Interior. Puigdemont reclamó por carta a la Generalitat el servicio de escolta que consideraba que le correspondía como ‘expresident’. La Dirección General de los Mossos trasladó la petición a la Secretaría de Estado de Seguridad. Pero Buch, después de reunirse con él en Berlín, decidió concederle el servicio, a costa del erario público, y sin esperar respuesta de la Secretaría de Estado.

Fue así cómo el plan se puso en marcha. A Escolà se le cerró el expediente disciplinario y Buch le nombró asesor de seguridad de la Consejería de Interior. Y el mismo día de su nombramiento, en el mes de julio, Escolà viajó a París para escoltar a Puigdemont. Entre el 27 de julio de 2018 y el 13 de marzo de 2019, en los que Escolà no se presentó ni una vez en su teórico puesto de trabajo, hizo 18 viajes al extranjero para proteger a Puigdemont, «pernoctando en varias ocasiones» en la propia residencia del ‘expresident’ en Waterloo (Bélgica), que también se encargaba de custodiar y vigilar. Además de a Bélgica, viajó con Puigdemont a Escocia, Suiza, Alemania, Dinamarca e incluso a las Islas Feroe.

Unos informes sospechosos

La Fiscalía, en su escrito de acusación para un juicio todavía sin fecha, detalla que de los 224 días en que en teoría trabajó de asesor de Interior, Escolà estuvo 103 en el extranjero. Y el fiscal ve con suspicacia los informes supuestamente elaborados por Escolà que la Consejería de Interior ha presentado para tratar de acreditar que sí trabajaba como asesor. No consta el registro de entrada de los documentos, que no tienen firma y están «plagados de generalidades», y que, según la acusación, pueden encontrarse sin esfuerzo alguno en internet. Para Escolà, como cooperador necesario, la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación.

Tras conocerse el contundente escrito de acusación de la Fiscalía, Buch reaccionó en Twitter mostrándose víctima de una supuesta persecución ideológica del separatismo. «Me piden seis años de cárcel y doce de inhabilitación –en realidad son 27– por nombrar en Interior a un asesor experto en seguridad. Una pieza más de la causa general contra el independentismo», escribió en esta red social. Y añadía, desafiante: «Ellos no se detienen, pero nosotros tampoco. Seguimos». Buch fue cesado por Torra en septiembre, por supuesto, por motivos ajenos a este proceso judicial, que nunca le supuso un problema para seguir en el puesto.

Escolà era pieza esencial de la trama secreta de una quincena de agentes, que, aprovechando días de libranza, se turnaban para prestar un servicio de protección al expresidente fugado. El pasado mes de agosto, un testigo explicó a ABC en exclusiva cómo funcionaba este sistema que se había diseñado.