En pleno pulso en el seno del Gobierno de coalición sobre cómo resolver el problema de acceso a la vivienda en España y el control de sus precios, la OCDE publicó ayer un informe en el que alertaba sobre los riesgos de la rígida regulación española. Según el organismo internacional, España destaca por tener una de las regulaciones más estrictas de entre sus miembros, por lo que un endurecimiento en esta dirección, como sería limitar los precios máximos del alquiler que defiende Unidas Podemos, podría traducirse en una reducción de las viviendas ofertadas en el mercado. La advertencia es clara: «Un control más estricto de los alquileres reduce la rentabilidad de la inversión en vivienda, lo que se asocia empíricamente con una respuesta más débil de la oferta de vivienda a los cambios en la demanda».

La estrategia a seguir sería, sin embargo, apostar decididamente por la construcción de vivienda social destinada al alquiler, parque cuyo stock supera ligeramente el 1% y que sitúa a España a la cola de los países desarrollados, tan solo por delante de Estonia, Lituania y la República Checa. El tirón de orejas responde, además, al escaso desarrollo que ha tenido esta política en nuestro país en los últimos años. «La vivienda social se ha inclinado tradicionalmente hacia la propiedad de la vivienda frente a la del alquiler».

Las implicaciones sociales de esta realidad afectan especialmente a los jóvenes, debido a su posición muchas veces precaria en el mercado laboral.