Las violentas manifestaciones del ‘procés’ han confirmado el exacerbado odio que siente el separatismo más radical hacia la Guardia Civil y la Policía Nacional. Cuando tienen a tiro de piedra –o de cóctel molotov– a un agente de las que consideran «fuerzas de ocupación», sus agentes se convierten en el primer objetivo de su ira. Cuantitativamente, sin embargo, las mayores víctimas de la cada vez más sofisticada violencia de los radicales son los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Según datos recopilados por ABC, en los juzgados catalanes hay un mínimo de 40 causas abiertas contra manifestantes por enfrentamientos con agentes autonómicos, en los que al menos 120 mossos están personados como perjudicados. «Al final –explica un mosso a este diario– quienes día a día estamos aquí somos nosotros».

Las causas revisadas por ABC abarcan desde el operativo policial para frenar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 –en el que los Mossos se pusieron de perfil– hasta los disturbios del 18 de diciembre de 2019, cuando la ya no tan anónima plataforma del Tsunami Democràtic trató de reventar un partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou. El momento procesal en el que se encuentran la casi cincuentena de causas es muy variado: algunas siguen en fase de instrucción; en otras, se han presentado los escritos de acusación; las hay que se han enviado a juicio y, algunas incluso fueron sentenciadas.

Aunque los casos revisados se circunscriben a los que tienen a mossos como víctimas, hay más causas abiertas en los juzgados derivadas de los disturbios registrados en esos más de dos años analizados. Hay varias en las que los perjudicados son agentes de la Policía Nacional, las más significativas las que tienen que ver con la semana de disturbios de octubre de 2019, cuando salió a la luz la sentencia contra los líderes del ‘procés’, registrándose los altercados callejeros más graves en la historia reciente de Cataluña. En otras causas son los policías los investigados. La más conocida, la que instruye el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona por la supuesta actuación desproporcionada de una treintena de policías nacionales durante las cargas del 1-O.

Y también se abrieron investigaciones en las que los imputados son mossos, la mayoría por lesiones a manifestantes. Este diario ha contabilizado al menos 60 casos de agentes imputados. Pero las más numerosas son, sin duda, las causas en la que los mossos están personados como perjudicados por algaradas protagonizadas por manifestantes separatistas.

Todas estas causas están desperdigadas por los juzgados catalanes, pues durante esos dos años los ataques a los Mossos no se limitaron a Barcelona, aunque fueran especialmente graves en esta ciudad. Los sumarios están repartidos en los despachos de jueces de las cuatro provincias.

Doblemente atacados

El problema de los agentes antidisturbios de los Mossos es doble. Por un lado, la creciente violencia de los grupos radicales hacia los policías autonómicos: el secesionismo pasó de vitorearles el día del referéndum – «esta es nuestra policía»– a tomarles como objetivo de sus botellazos y adoquines. Y, por otra parte, el desamparo que en general sienten los agentes ante un Govern más preocupado en los últimos años en no molestar, e incluso alentar, a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) –promotores de los disturbios–, que en defender a la Policía autonómica. Como ejemplo paradigmático, el famoso «apretad, apretad» que el enton

ces ‘president’ Quim Torra dirigió a los CDR. Y los radicales, claro, lo tomaron al pie de la letra.

Frente a toda esta violencia, los agentes se sienten desprotegidos. Y no solo por las declaraciones públicas de los líderes secesionistas. Está previsto que en esta nueva legislatura se revise el modelo de orden público; en esencia, el papel de los antidisturbios. Los sindicatos no son contarios a repensar el modelo, pero temen que el Govern, apretado por los antisistema de la CUP, lo aproveche para dejarles todavía sin más herramientas para combatir a los radicales.

Y hay otra cuestión clave, que la reciente sentencia contra un activista, Marcel Vivet, condenado a cinco años de prisión por golpear a un agente de los Mossos, ha vuelto a poner sobre la mesa: el objetivo de las formaciones secesionistas de que la Generalitat deje de ser acusación particular en las causa contra manifestantes, con la salvedad de que las lesiones de los mossos estén acreditadas médicamente.

En definitiva, un maquiavélico combo que pondría en jaque a los Mossos: agredidos por los radicales en la calle, desarmados de herramientas para frenarles y, para rematar, un tibio o nulo acompañamiento de la Generalitat a la hora de buscar amparo judicial.