Gobierno, empresarios y sindicatos ultiman uno de los acuerdos más importantes que demanda la economía española y principal exigencia de Bruselas para recibir los fondos europeos, la reforma de las pensiones. Desde hace unas semanas el pacto está prácticamente cerrado, pero las reticencias de Nadia Calviño a cómo el ministro de Seguridad Social ha planificado la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un mecanismo de equidad intergeneracional ha paralizado la rúbrica. La vicepresidenta exige al ministro garantías de que el sistema no se quedará en ningún momento sin un mecanismo de ajuste del gasto, tal y como exigen las autoridades comunitarias, mientras Escrivá había planteado su derogación para, en un plazo máximo de seis meses, poner en marcha el sustituto.

La reforma pactada garantiza a los jubilados la revalorización de sus nóminas con el IPC, pese al disgusto de Bruselas, que como contrapartida ha exigido fuertes recortes en las jubilaciones anticipadas voluntarias, que llegarán hasta el 21% si se adelanta el paso al sistema dos años antes, según recoge el borrador de anteproyecto de ley al que ha tenido acceso ABC. El objetivo es alinear la edad ordinaria y la efectiva de jubilación en una reforma clave, en la que se incentivará el retraso del retiro con el objetivo de aumentar la participación de los mayores en el mercado de trabajo.

La de pensiones será la primera reforma de gran calado que se anote el Gobierno y distintas fuentes apuntan a que Sánchez no va a perder la ocasión de rentabilizarlo en un momento político crítico por su decisión de indultar a los presos del ‘procés’. Las mismas fuentes sospechan que el presidente buscará diluir el enfado social por la aprobación de la medida de gracia con el anuncio de este acuerdo.

Estas son las medidas con las que se busca hacer sostenible el sistema:

Poder adquisitivo garantizado

Se garantiza la revalorización con el IPC del año anterior para los jubilados. El Gobierno ha renunciado a exigir ajustes en su paga cuando los precios bajen. Se deroga así el índice de revalorización de la reforma de 2013 que obligaba a revalorizar las nóminas un 0,25% si las cuentas no estaban equilibradas.

Penalizaciones por retiro anticipado

Retirarse antes de tiempo tendrá un coste para el trabajador. El diseño de los coeficientes reductores se endurece para los que jubilen 24 o 23 meses antes del límite legal (la rebaja ahora es del 16%) y a partir de ahí el castigo desciende en algunos casos. Por ejemplo, quien deje el mercado laboral 22 meses antes de su edad legal de jubilación verá que su pensión mengua en un 14,67% y no en el 16%. El esquema se repite entre quienes han cotizado durante más tiempo, aunque con menores penalizaciones. Así, a quienes han cotizado entre 38,6 años y 41,6 años se les aplicaría un coeficiente reductor del 19% en el mes 24 y del 16,5% en el 23, frente al 15% actual en el trimestre correspondiente. El cambio en las penalizaciones, pasando de un cálculo mensual a uno trimestral, también se aplicará al de la jubilación anticipada forzosa. En esta, el trabajador puede retirarse hasta cuatro años antes de la edad legal y debe haber sido despedido en un ERE, de forma objetiva o por la quiebra de la empresa. Se fija un sistema para estos casos que reducirá la pensión entre un 30% para el caso de un adelanto de cuatro años con menos de 38 años y seis meses cotizados, y un 0,5%, para aquellos que lo anticipen un mes con 44 y seis meses o más cotizados.

Premios de hasta 12.000 euros por retrasar la jubilación

Habrá nuevos incentivos monetarios para quien siga trabajando más allá de la edad legal de jubilación. Recibirán una prima que se abonará de una sola vez de hasta casi 11.000 euros (en el caso de 37.567 euros de pensión) por cada año de retraso. En el caso de que el trabajador haya cotizado al menos 44,5 años o más, este incentivo alcanzaría los 12.060 euros por cada año de aplazamiento. Así, por ejemplo, en una pensión de 9.569 euros (683 euros al mes) este pago único sería de 4.786 euros y de 5.264 con más de 44,5 años cotizados. Mientras que en una pensión media de 20.000 euros al año, esta prima única sería de 7.482 y 8.230 euros, respectivamente en función de los años cotizados. La norma dará opción al trabajador de elegir esta fórmula o también optar por un aumento del 4% de la base reguladora de su pensión por cada uno de estos años que retrase su retiro (en la actualidad este incentivo está entre

el 2 y el 4%). Podrán mezclar las dos posibilidades, una parte en pago único y otra como alza de la pensión vitalicia.

Cotizar y seguir en activo con más de 65 años

Ni las empresas ni los trabajadores con más de 65 años que siguen trabajando pagan cotización por contingencias comunes, salvo incapacidad temporal. A partir de ahora los periodos no cotizados se computarán como cotizados para la futura pensión.

Despedidos en la crisis financiera

Los despedidos antes del 1 de abril de 2013 que no hubieran encontrado empleo seguirán accediendo a la jubilación a los 61 años, es decir con las condiciones fijadas antes de la reforma de 2011, que elevó a 67 años la edad legal retiro. Se da una solución definitiva a estos damnificados por la crisis financiera.

Derogación del factor de sostenibilidad

El factor diseñado en 2013, que ajustaba las jubilaciones a la esperanza de vida, será derogado este año y será sustituido en seis meses por un mecanismo de equidad intergeneracional que operaría a partir de 2027. Deberá estar definido cuando entre en vigor la ley.