Resulta incomprensible, aberrante incluso. La exministra de Exteriores González Laya no puede volver en mucho tiempo a su plaza de funcionaria europea por haber formado parte de un Gobierno; pero su compañero y exministro de Justicia Juan Carlos Campo tiene derecho a incorporarse de inmediato a un puesto como juez en la Audiencia Nacional, donde se le acumulan los conflictos de intereses y es carne de recusaciones. Nos curamos de espanto con la salida y regreso de Garzón a la magistratura y nada se ha resuelto. No es que Campo tenga ahora que dictar sentencias cuando no lo ha hecho en décadas, es que está contaminado por su pasado político, por sus presiones para cambiar el modelo de elección del Poder Judicial, por su papelón para indultar a los sediciosos. El hombre retorna porque no le queda otra, Sánchez lo ha usado y tirado y carece de alternativas, pero da igual. Jueces y fiscales deberían conllevar el mismo estatus que los militares; si lo dejas, no puedes volver.