QUE dice Azkarraga, el portavoz de los organizadores de la marcha de Mondragón en favor del terrorista Parot, que la desconvocan porque las víctimas y los medios la habían –habíamos– «criminalizado». Atención al verbo: las víctimas «criminalizan» a los partidarios del verdugo. En esa sinrazón, tan certeramente reflejada en la ‘Patria’ de Aramburu, reside la clave del drama vasco, que el cese de la violencia ha dejado intacta porque las instituciones han desistido de la obligación moral de establecer un ‘relato’ que dé satisfacción moral a los sacrificados. Se queja Azkarraga, antiguo consejero de ¡¡Justicia!! en la época del plan Ibarretxe y sobrino de un asesinado, de que el escándalo nacional por el homenaje al más siniestro de los carniceros etarras constituye una presión ilegítima contra los derechos de su pueblo. Lo que en el oblicuo lenguaje de los nacionalistas significa que los verdaderos damnificados son ellos.

Pero para no reconocer que al menos por una vez han perdido el envite al que su sentimiento de impunidad les había impelido, los convocantes se agarran al argumento cobarde de que la marcha de Mondragón no pretendía enaltecer a Parot ni a nadie. Que se trataba de reclamar un trato humanitario para los presos que llaman «políticos» en abierta negación del carácter desalmado de sus delitos. Veamos: un recorrido de 31 kilómetros, tantos como años lleva en la cárcel –fue condenado a cuatro mil– el ‘serial killer’ especializado en atentados masivos. Una casualidad, sin duda, ante la que sólo unos espíritus hipersusceptibles pueden sentirse ofendidos. Quién podría relacionar una cosa con otra salvo esa gente ceñuda que no logra quitarse a sus familiares muertos de la memoria ni tiene sentido de la concordia. Era una movilización compasiva, altruista, generosa, de ciudadanos libres de toda sospecha ansiosos por cerrar una dolorosa herida histórica.

Pues bien, sí, tiene razón Azkarraga: se les ha criminalizado porque habían convocado un acto propio de cómplices morales del crimen. Porque pretendían mostrar su solidaridad –la palabra es suya– con el más repugnante de los matarifes, un ejecutor desnaturalizado, sin sentimientos, de una crueldad gélida e impasible. Un hijo de puta sin matices. Y en cualquier país serio, con un cierto aprecio por sus valores de convivencia, la manifestación habría sido prohibida sin esperar a que sus promotores tuviesen que suspenderla. Por dignidad pública, por higiene ética, por honor, por decoro, por respeto, por vergüenza. Porque la sangre derramada reclama una mínima deferencia de la sociedad que sufrió y resistió cuatro décadas de coacción violenta. Y está bien que los que dan cobertura a esta clase de vilezas sufran en alguna ocasión una derrota, aunque sea a medias, gracias a que aún queda un cierto músculo civil de autodefensa. De las instituciones hay poco que esperar. Qué pena.