Últimamente, coincidiendo con el Covid, se habla mucho de la importancia de la investigación y de la necesidad de fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes. Sin embargo, se olvida que hay que cuidar las vocaciones ya existentes, evitando el abandono de la carrera científica por investigadores jóvenes y la prematura jubilación de investigadores ya consagrados. Ambos fenómenos están relacionados con la falta de inversión en investigación, pero también con la manera en la que se concede el dinero para investigar. Lo habitual es que las administraciones hagan convocatorias de proyectos de investigación y que los investigadores redacten proyectos (describiendo lo que harían y el dinero que necesitarían), que posteriormente son evaluados y seleccionados para financiación. Cada proyecto lo evalúan otros científicos de la especialidad y, finalmente, un comité de selección recopila todas las evaluaciones y decide a qué proyecto le conceden el dinero y a cuál no.

El problema está en cómo se realiza dicha evaluación. El procedimiento utilizado actualmente es opaco, arbitrario y deja a los investigadores totalmente indefensos. En la mayoría de los casos no se conocen los informes detallados de los evaluadores, con lo cual no se pueden rebatir. Incluso, si se conocen, se pueden rebatir pero, aunque se presenten alegaciones que rebatan los informes y cartas de renombrados expertos que las avalen, como toda contestación se recibirá un mensaje parecido al siguiente: «una vez vistas sus alegaciones, nos reafirmamos en la decisión tomada». Creemos que se tiene que cambiar el método de evaluar los proyectos y que el comité que atiende las alegaciones debe ser un comité totalmente independiente del comité de selección ¿Se imaginan que, ante un fallo judicial, sólo se pueda recurrir al tribunal que ha emitido dicho fallo? FRANCISCO JAVIER ROMERA CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA