No se puede decir que el homenaje al etarra Henri Parot haya pillado con el pie cambiado al Gobierno, como sí sucedía con aquellos actos improvisados que se organizaban en cuestión de horas, con nocturnidad y alevosía, cuando el hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, era juez de la Audiencia Nacional.

No hace tanto tiempo, apenas una década, las víctimas del terrorismo procuraban pedir la suspensión de este tipo de actos cuando Marlaska estaba de guardia, convencidas de que este juez, tan sensibilizado con ellas, iba a hacer una aplicación más rigurosa de la ley que otros de sus compañeros, como Santiago Pedraz, partidario siempre de esperar al desarrollo de los acontecimientos antes de actuar, aunque fuera claro y notorio que el homenaje en cuestión no tenía otro propósito que recibir a un sanguinario etarra como un auténtico héroe. Eran los tiempos en los que un joven y recién llegado juez del País Vasco era perfectamente consciente de que bajo un torneo de fútbol, una comida y un campeonato de mus organizado por Askatasuna se escondía un «claro homenaje a los presos de ETA» que debía ser impedido. Pese a que estas «actividades lúdicas» pudieran parecer «inanes», señalaba el magistrado en sus autos, «persiguen una única finalidad: celebrar las actividades ilícitas» de los criminales. Así fue como el juez

impidió los homenajes a Sagardoy, a «Kitxu», a Joxe Etxeberria alias «Beltza», a Jon Pagazaurtundua Isusi (estos dos útimos fallecidos en 1973 cuando manipulaban un artefacto explosivo)... El «enaltecimiento y justificación pública del terrorismo, con el menosprecio y humillación de las víctimas y sus familiares que este tipo de actos generan es algo que debe evitarse», decía. Los años han pasado y con ellos la jurisprudencia ha ido limando la utilización de la jurisdicción penal para actuaciones preventivas que pueden encontrar acomodo por la vía administrativa, esa en la que se refugia el ministro para justificar la pasividad del Gobierno.