Ni el Gobierno vasco, ni el Gobierno central, ni los tribunales se declaran competentes para poder intervenir de forma preventiva y prohibir la celebración del homenaje al histórico y sanguinario dirigente de ETA Henri Parot. En el mes de agosto, el Delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, remitió la petición registrada por la Fundación Villacisneros para que no se celebrase la marcha en favor del miembro de ETA Henri Parot. Es la posición del Gobierno, que su margen de acción es ese: dar traslado a los tribunales.

Pero este jueves, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama negó la prohibición cautelar del homenaje a Parot. Y recordó que «es a la autoridad gubernativa a quien corresponde velar por el cumplimiento de los requisitos constitucionales en el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación» y no a la jurisdicción penal, cuya función es perseguir y castigar el delito una vez se ha cometido, es decir, a posteriori. En el auto, el instructor destacaba que son las delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno las que tienen «encomendado el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la prevención de la comisión de actos delictivos».

De hecho, además de esta potestad genérica que la legislación da a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en su gestión de la seguridad ciudadana, la normativa sobre protección de víctimas del terrorismo les reconoce específicamente la responsabilidad de velar por la no celebración de actos que supongan una humillación de los damnificados o una exaltación de sus verdugos. A nivel estatal, la previsión consta en el artículo 61 de la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, que versa sobre la «defensa del honor y la dignidad» de estas personas. Establece que el Estado «asume la defensa de la dignidad de las víctimas» y en este contexto, las Administraciones Públicas «prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas». «Los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas velarán por el cumplimiento de la obligación establecida», dice el pie de la ley.

La jurisprudencia

La Audiencia Nacional viene oponiéndose desde 2017 a la prohibición cautelar porque, en línea con lo que decía el juez Calama, los tribunales están para actuar a posteriori. No se puede cercenar el derecho de manifestación por la vía penal si el único indicio que hay es una sospecha. Desde el Gobierno central, varias fuentes consultadas se refieren a esta cuestión como algo «complejo» desde el punto de vista jurídico. Pero se defiende el criterio de remitir la cuestión a la Audiencia Nacional. En este sentido, el Gobierno defiende que cuando la Audiencia se refiere a la autoridad gubernativa está apuntando al Gobierno Vasco como competente en materia de reuniones y manifestaciones, en virtud de la Disposición Adicional Única de la Ley Orgánica 9/1983. «Es quien puede prohibir el acto y sólo si existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes», aseguran desde el Gobierno.

En el Gobierno de España descartan que puedan tener capacidad para prohibir estos actos. En cuanto al mencionado artículo 61 de la Ley de Víctimas, en el Gobierno justifican que el deber de prevenir estos actos «no implica que puedan prohibirse automáticamente tales actos por la Administración». El Gobierno justifica que «dado que esas conductas pueden ser delito la Administración cumple su deber mediante la denuncia en vía penal». En el Gobierno la posición es nítida: «No pueden ni el Delegado ni los Subdelegados prohibir el acto, lo que sólo podría hacer el Gobierno Vasco o un Tribunal en vía penal, fruto de una denuncia». El Gobierno dice que lo máximo que puede hacer es presentar denuncia y que con ello se da cumplimiento a lo que exige el artículo 61 de la Ley de Víctimas.

El País Vasco tiene su propia legislación sobre víctimas del terrorismo y

dedica un artículo, el número 6, a la preservación de su «dignidad». «Los poderes públicos vascos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos». Y para ello «adoptarán medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las víctimas y sus familiares y, en particular, para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinción a los terroristas».

Pero desde el Gobierno vasco se asegura que no tienen «instrumentos legales» para impedir un acto de estas características. Se refugian en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Audiencia Nacional sobre los ‘ongi etorri’. Defienden que no se pueden realizar «prohibiciones preventivas» de este tipo de actos. Dicen rechazar estos actos y apuntan al «seguimiento» de los mismos para, solo tras su celebración, poder determinar si se produce enaltecimiento o humillación a las víctimas.

Cambio organizativo

En medio de la desidia de los Gobiernos central y vasco, que como se ha visto no adoptaron iniciativa alguna de cuantas estaban en su mano para no llegar a esta situación, ha sido la movilización de las víctimas del terrorismo la que obligó a los convocantes del homenaje a Parot a cambiar sus planes, aunque fuera ‘in extremis’. La autodenominada Red Ciudadana Sare, de apoyo a los presos de ETA, anunció la sustitución de esa carrera de relevos de 31 kilómetros –uno por cada año que lleva en prisión el sanguinario jefe del comando itinerante de la banda– por más de 50 concentraciones en las plazas y pueblos del País Vasco.

El objetivo de Sare es exactamente el mismo que el acto que desconvocó: conseguir la libertad de algunos de los etarras más duros entre los duros. La misma Sare especificó de qué sujetos hablaba, y entre ellos, una vez más, está

Henri Parot, junto a otros asesinos en serie de ETA. En concreto, citan a «Aramendi, Aretxabaleta, Badiola, Etxebarria, Castro, Larretxea, Parot, Troitiño o Zapirain», víctimas, según dicen, de «cadenas perpetuas encubiertas».

Por tanto, aunque formalmente se desconvoca el acto que había llevado la indignación no solo a las víctimas del terrorismo, sino también a la mayor parte de la sociedad, lo que Sare ha hecho es un simple cambio de estrategia al verse señalados. Pero insisten en su idea de victimizar a los verdugos y en su objetivo de «poner fin al régimen de excepcionalidad que continúan padeciendo los presos vascos y sus familias», según el comunicado difundido ayer.

Este cambio de estrategia no ha hecho variar los planes del Partido Popular y de Voces Contra el Terrorismo, que mantienen para hoy por la mañana sus actos en Mondragón en memoria de las víctimas de Parot en particular, y de ETA en general. Al primero asistirá el líder del PP vasco, Carlos Iturgáiz, y al segundo, además del presidente de la asociación convocante, Francisco José Alcaraz, y el líder de VOX, Santiago Abascal.

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por ABC aseguran que «es probable que haya momentos de tensión en esa localidad guipuzcoana, feudo tradicional del independentismo más radical, «aunque el que Sare haya decidido atomizar la protesta probablemente evite incidentes graves. Eso, claro, y el amplio dispositivo de seguridad que sin duda va a desplegar la Ertzaintza».

Los organizadores del homenaje cambian el acto por 51 concentraciones en diferentes puntos del País Vasco