El Gobierno austriaco se sienta en el banquillo acusado de negligencia por no haber evacuado al comienzo de la pandemia una estación de esquí que se convirtió en un foco de contagio que se extendió por los cinco continentes.

Los demandantes querían hacer comparecer al canciller de Austria, Sebastian Kurz, a medio gabinete de ministros, docenas de cargos públicos del Tirol y a unos 2.000 turistas, pero la juez ha cerrado el caso sin procedimiento probatorio. «Dado que se conoce toda la información relevante sobre la actuación de las autoridades, se da por cerrado el proceso», zanja la magistrada. Tras escuchar a las partes y la correspondiente deliberación, emitirá la sentencia por escrito, evitando así el espectáculo mediático. Se trata del juicio por la muerte del periodista jubilado de 72 años Hannes Schopf, que según sus familiares se contagió de coronavirus en un autobús, durante el atasco que se produjo a causa de la evacuación precipitada de la estación de esquí de Ischgl, que jugó el papel de supercontagiador al principio de la pandemia. Reclaman por ello una indemnización de 100.000 euros. Pero detrás de esta se han presentado otras quince demandas solo ante este tribunal, otras 3.000 esperan en Austria y el fallo sentará jurisprudencia para inspirar otros juicios en todo el mundo.

A finales de febrero de 2020, durante las vacaciones escolares de invierno en Europa Central, unos 6.000 turistas procedentes de 45 países se apiñaban en la denominada ‘Ibiza de los Alpes’, más que por sus pistas para esquiar, famosa por sus fiestas ‘après-ski’, en las que se jugaba despreocupadamente a lanzar con la boca pelotas de golf que terminaban encestadas en la jarra de cerveza de desconocidos. Si hoy semejante práctica nos resulta impensable, en aquel momento era un reclamo atractivo para visitantes que en su mayoría no habían oído jamás hablar del Covid.

El 5 de marzo, cuando el Gobierno de Islandia advirtió a las autoridades regionales del Tirol que cinco de sus nacionales habían dado positivo al regreso a casa, la estación fue evacuada en medio del estupor de los turistas y las protestas de los hosteleros. Pero ya era demasiado tarde. El virus se expandió desde este pueblo de 1.500 habitantes a los cinco continentes.

«Pudo haberse evitado», es el argumento del abogado de los demandantes, Alexander Krauser, que acusa al Gobierno austriaco de «haber actuado demasiado tarde y «haber cometido fallos que convirtieron tanto a la localidad de Ischgl como a su área circundante en un foco de contagios». Krauser ha intentado hasta ahora negociar indemnizaciones infructuosamente. Tras su argumentación se oculta un velado reproche al sector hostelero, que en su opinión presionó a las autoridades para minimizar el caso debido a los daños económicos que podían causar tanto la evacuación como la imposición de una cuarentena.

«Vamos a donar ese dinero, nuestra motivación no es económica. Lo que queremos es un reconocimiento por el dolor y la pérdida sufridos», lamentaba ayer la viuda de Schopf, Sieglinde. A su lado, su hijo Ulrich recordaba: «Mi padre fue subido en un autobús junto a muchos otros turistas, muchos de los cuales tosían y estornudaban. Aquella evacuación fue dispuesta sin las necesarias medidas de seguridad y alguien debe responder por eso».

Pusieron en duda

Ante el tribunal, Krauser citó ayer un informe de la comisión independiente de expertos que determinaron que las autoridades locales «reaccionaron muy tarde». «Tuvieron al menos 48 horas para reaccionar tras la advertencia de Islandia», señaló. «No evitaron la llegada de más turistas ese fin de semana e incluso pusieron en duda que los turistas islandeses se hubiesen infectado allí, negando la evidencia», afirmó.

En respuesta a sus quejas, la Procuraduría Financiera, que asume la defensa de las autoridades austriacas, alegó ante el tribunal que actuaron de acuer

do a la Ley de Pandemias de 1950, vigente en el país y según la cual «el Estado no está obligado a proteger a personas concretas, sino al público en general».

Según su exposición, «el equilibrio de intereses que tuvo lugar en el curso de las medidas fue justificable desde el punto de vista del momento y los conocimientos de que en ese punto temporal se disponía». También mencionó que las autoridades austriacas «siguieron las recomendaciones que en ese momento hacían la Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud».

Corresponde a los demandantes establecer la causalidad del daño y presentar evidencias de que Schopf se infectó en Ischgl y no después. Para ello deseaba citar Krauser a más de 2.000 turistas. Pero el tribunal no escuchará a estos testigos ni dará inicio al procedimiento probatorio, que habría requerido pedir las actas de las comisiones de crisis celebradas aquellos días por las autoridades locales, regionales y por parte del Ejecutivo de Viena. Considera que tiene información suficiente, lo que supone un primer fracaso parcial para los demandantes, y anota también que, de los miles de afectados, un 5% sufrió un Covid de larga duración, con dolores de cabeza, y dificultades para respirar, mientras que un total de 32 personas murieron a causa de la infección.