Todos los italianos tendrán que presentar el certificado Covid para moverse e incluso para acudir a su puesto de trabajo desde el próximo 15 de octubre. Las reacciones han sido muy favorables a la decisión, que incluso el Consejo de Ministros aprobó por unanimidad. Italia es el primer país europeo que adopta tal medida y se coloca así en la primera línea del frente contra el Covid-19. Otros países del Viejo Continente como Francia o Grecia de momento solo la han establecido entre el personal sanitario, pero en la mayoría se ha instaurado para acceder a locales de ocio.

En Italia se verán afectados 23 millones de trabajadores. Se estima que 300.000 empleados de la Administración pública y 3,7 millones de empleados del sector privado no tienen aún el certificado. Así, se ha impuesto el criterio del primer ministro, Mario Draghi, que se mostró inflexible sobre la necesidad del rigor para combatir la epidemia: «No paro, esto es lo que sirve al país. La medida está pensada para que pueda continuar la apertura y evitar las restricciones», dijo Draghi. En la misma línea, el ministro de Trabajo, Andrea Orlando, declaró que «el país no puede permitirse que vuelvan las restricciones».

A la vanguardia del mundo

El ministro de la Administración pública, Renato Brunetta, resaltó con cierta euforia que Italia «se coloca a la vanguardia del mundo». Después explicó por qué se adopta ahora la obligatoriedad del certificado sanitario: «Porque

La oposición exigía que los test fueran gratuitos para quien no se vacunara, pero finalmente tendrán un coste de 15 euros

empieza el otoño, la temperatura cambiará y aumentará la circulación del virus, con ello habrá mayor probabilidad de variantes que puedan derrotar a la vacuna. Tenemos poco tiempo».

Se considera especialmente significativo que incluso el líder de la Liga, Matteo Salvini, detractor del pasaporte Covid, se haya visto obligado a ceder ante la presión ejercida de algunos dirigentes importantes dentro de su propio partido. Es el caso de los presidentes regionales de Véneto y FriuliVenecia Giulia, partidarios del certificado sanitario porque así lo han pedido también los empresarios y la gran mayoría de los militantes.

Salvini rechazaba el pasaporte Covid por motivos electorales (los próximos 3 y 4 de octubre hay elecciones municipales en importantes ciudades, entre ellas Roma y Milán), para no perder el voto de los contrarios a las vacunas. El líder de la Liga no quería dejar esta baza a la líder ultraderechista de Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, la única que se opone al certificado sanitario por considerarlo «inútil» y que solo «sirve para introducir subrepticiamente la obligación de la vacuna». Meloni se ha mantenido firme en su línea contraria al pasaporte Covid: «No a cualquier forma de obligación». Al final, la resistencia de Salvini se evaporó por completo, porque una encuesta ha revelado que el 90% de los seguidores de la Liga en el norte del país apoya el certificado sanitario.

Mario Draghi rechazó también la exigencia de Matteo Salvini y de los sindicatos para que sean gratis los test del Covid que han de presentar los trabajadores que no deseen vacunarse. Los empleados que muestren una prueba negativa de Covid realizada en las últimas 48 horas (72 si el test es molecular), podrán ser admitidos en sus puestos de trabajo. Parece claro que para los trabajadores que se oponen a la vacuna, verse obligados a realizarse un test cada dos o tres días es una solución insostenible a largo plazo, entre otras cosas porque resulta caro: 15 euros por cada test y alrededor de 60 euros las pruebas moleculares.

Draghi solo aceptó la propuesta de Salvini para que todas las farmacias queden vinculadas al decreto del Gobierno y el precio del test sea de 15 euros (8 para los menores de edad). Si una farmacia pretende cobrar una cantidad superior, corre riesgo de pagar una multa de hasta 10.000 euros. Los test, sin embargo, serán gratis para las personas vulnerables.