Toni Cantó, el controvertido director de la Oficina del Español, no pudo recibir a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como era su deseo. La expectación que había despertado la puesta en escena de este polémico organismo congregó a tal número de medios de comunicación, que Ayuso fue llevada en volandas hasta el interior del Centro Cultural Bellas Artes.

En la puerta se quedaron Cantó y la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, a los que Ayuso no pudo ver, rodeada de cámaras de televisión y fotógrafos, que hicieron imposible la instantánea más esperada. Una imagen que tuvo que esperar hasta el inicio del acto, cuando los protagonistas se sentaron en la primera fila para bautizar este proyecto. Después, coincidieron brevemente en el escenario; y al finalizar, Ayuso saludó a algunos de los presentes y abandonó el centro cultural.

Rodeada de una amplia representación del mundo de la cultura y del cuerpo diplomático, la presidenta de la Comunidad pronunció un discurso en el que respondió a las polémicas que han

rodeado la puesta en marcha de esta oficina. Igualmente, arremetió contra las administraciones que atacan el uso del castellano en España.

Ayuso quiso dejar claro que este proyecto no nace de la «soberbia, sino de sabernos partes de algo grande y de tratar de aportar lo más posible, de ser útiles». A su juicio, «esta iniciativa viene a sumar, no a disputar a nadie sus legítimos títulos respecto a la lengua española», considerando la Oficina del Español «la mayor apuesta que se ha hecho por parte de una administración en los últimos años para defender y promover nuestro idioma».

La presidenta de la Comunidad abogó porque «los políticos que promueven la involución, el nacionalismo y la exclusión sean cada vez menos. El reto no puede ser más apasionante». En su intervención también denunció que es «mucho más grave» lo que le sucede a los habitantes de «ciertas regiones de España, que no se les permite estudiar en español, negando su derecho y deber constitucional». Igualmente hizo referencia a «los actos vandálicos» que se producen y en los que se «derriban estatuas de grandes artistas. Nada puede hacer la RAE o cualquier otra institución frente a estas actuaciones contra el sentido común, salvo una declaración institucional».

Finalmente, atacó a «los gobiernos populistas, nacionalistas e identitarios que están negando a sus ciudadanos su mejor legado cultural y hurtando su derecho constitucional a conocer el español».