El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a permitir que desde el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se vuelva a atacar a España, en concreto a los agentes de la Guardia Civil.

Ocurrió hace unos días, cuando el parlamentario socialista ucraniano Oleksandr Merezhko presentó un informe titulado ‘Luchar y prevenir el uso excesivo e injustificado de la fuerza por parte de los agentes del orden’, que redactó en octubre de 2020 y que comienza a tener recorrido ahora en Estrasburgo.

Tomando el movimiento Black Lives Matter como punto de partida, en el escrito Merezhko recuerda que uno de los problemas «más urgentes en la protección de los derechos humanos es la violencia policial y la discriminación», que ha sido «ignorada durante demasiado tiempo» por la comunidad internacional.

La propuesta, a cuyo texto inicial ha tenido acceso ABC, pide a la Asamblea que examine «la viabilidad de redactar un instrumento internacional vinculante que se ocupe de las violaciones de los derechos humanos fundamentales cometidas por la policía (...) en los Estados miembros» y que «desarrolle normas sobre el uso de la fuerza por los organismos encargados de hacer cumplir la ley».

En este memorando introductorio explica que «la prolongada crisis de violencia policial y racismo estructural en los Estados Unidos alcanzó un nuevo punto crítico en 2020», cuando la policía de Minneapolis arrestó a George Floyd, «un hombre negro de 46 años, por presuntamente usar un billete de 20 dólares falsificado». «Un oficial lo tumbó en el suelo con la rodilla en el cuello durante siete minutos y 46 segundos, lo que provocó su asfixia y muerte, mientras otros oficiales simplemente observaban», cuenta el parlamentario.

La causa se archivó

Entre los antecedentes a la muerte de George Floyd, Merezhko menciona la tragedia del Tarajal. «En Ceuta, un enclave español en la costa norte de África, la Guardia Civil española habría utilizado balas de goma y botes de gas lacrimógeno contra inmigrantes en 2014, lo que provocó la muerte de al menos nueve personas», dice el informe. Se refiere a un caso que la Audiencia Provincial de Cádiz archivó en julio de 2020. El tribunal aseguró que la actuación de los 16 agentes de la Guardia Civil que estaban siendo investigados fue «adecuada y proporcional» a las circunstancias. No se encontraron pruebas de que los guardias civiles fueran conscientes de que alguno de los inmigrantes se estuviera «ahogando o en peligro». De hecho, tanto los agentes como Salvamento Marítimo auxiliaron a los marroquíes.

Los socialistas españoles que forman parte de este organismo, han guardado silencio ante una acusación contra la Guardia Civil que se ha recibido con «indignación» por parte del Partido Popular, que se ha opuesto al informe y ha exigido su rectificación ante el comité presidido por Boriss Cilevics. Denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez, a través de los ministerios de Exteriores e Interior, esté «desaparecido» y permita este ataque.

El letón Cilevics, también socialista, ya aceptó hace unos meses una comparación entre España y Turquía, cuando aquí se estaban debatiendo las doce medidas de gracia a los presos independentistas de ERC y Junts.

El próximo lunes se dará a conocer el texto definitivo, donde se verá si finalmente se ha modificado la mención al caso Tarajal.

Este mismo comité aceptó que se comparase a España con Turquía para impulsar los indultos a los presos independentistas del 1-O