El Tribunal Supremo denegó ayer la suspensión cautelarísima de la extradición a EE.UU. que instaba para el general chavista Hugo Carvajal. Mientras, él declaró a puerta cerrada en la Audiencia Nacional y será citado de nuevo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestimó ayer la medida cautelarísima que el pasado jueves solicitó el general venezolano Hugo Armando Carvajal Barrios, alias ‘El Pollo’, para que se suspendiese de forma inmediata la ejecución del acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de marzo de 2020, por el que se decidió su extradición a Estados Unidos.

Carvajal fue detenido el 9 de septiembre en una vivienda del distrito de Ciudad Lineal, en Madrid, donde se encontraba escondido desde que en noviembre de 2019, la Sala Penal de la Audiencia Nacional acordó su extradición a Estados Unidos revisando la sentencia que en primera instancia, había decidido no entregarle. Está reclamado por delitos de pertenencia a organización criminal u organización terrorista, narcotráfico y tenencia de armas con carácter terrorista.

Una vez detenido y en prisión provisional, la defensa de Carvajal solicitó al Supremo que paralizase la entrega de manera cautelarísima. Sin embargo, los magistrados de la Sección Quinta de esta Sala Tercera del Supremo señalan que en su solicitud «nada hay» que permita concluir que concurren las circunstancias de especial urgencia para una medida así y tampoco se alegan nuevos argumentos respecto a los que ya planteó cuando tras la decisión del Consejo de Ministros pidió sin éxito suspender la extradición. No obstante, analizarán su pretensión por el procedimiento ordinario; es decir, dando audiencia al Gobierno, que es la parte interesada.

Procedimiento ordinario

Para la Sala, «la pretensión ahora accionada debe examinarse dejando constancia que en el presente recurso se procedió ya a una petición de medida cautelar, que fue decidida por Auto de 28 de mayo de 2020, en el que se denegó la suspensión de la resolución impugnada, al considerar que, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Sala para supuestos similares al presente, la entrega de ciudadanos a los que se ha declarado la procedencia de la extradición ya ha sido declarada por el Tribunal del Orden Penal, que en el presente caso había acordado la prisión preventiva».

Los magistrados recuerdan que cuando esa resolución se dictó, el recurrente se encontraba en paradero desconocido, «lo cual dificultaba la ejecución del acto impugnado y el riesgo precisamente contrario al invocado en favor de la medida cautelar, es decir, que se frustrara la ejecución de dicho acto, caso de la desestimación del recurso contencioso-administrativo». Todo esto, añaden los magistrados, sin perjuicio del quebrantamiento de la orden de estar a disposición del tribunal penal que llevaba el caso.

En este sentido, el tribunal asegura que «no llega a comprender la petición que se hace respecto de la suspensión de una resolución, la orden de entrega, cuando ya se había denegado la medida cautelar en el auto ya mencionado y se suplica dicha adopción por vía procedimental sumaria, sin invocar peculiaridad alguna de las circunstancias de las que deducir esa preliminar circunstancia».

«Bien es verdad que la medida cautelar puede suplicarse en cualquier estado del procedimiento (...) no obstante, por pura lógica jurídica, cuando ya se ha denegado una primera petición, reiterar la petición obliga a invocar nuevos argumentos (...) Mayor exigencia sería necesaria cuando esa reiteración de la medida ya denegada, se pretende canalizar por la vía de las medidas cuatelarísimas», concluyen los magistrados.

Esta decisión es un varapalo a la estrategia de Carvajal, que quería garantizar la estancia en España hasta que se resolviese su recurso contra la decisión de extraditarle. La entrega, no obstante, está parada en tanto se resuelve el recurso que también ha presentado contra la denegación del asilo, notificada la semana pasada.

Pasa ante el juez

Entretanto, Carvajal declaró ayer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, a petición propia. Había anunciado su interés en colaborar con la justicia española y en concreto, sobre las relaciones entre ETA, las FARC y Venezuela. El juez decretó el secreto de actuaciones sobre la declaración, que según las fuentes consultadas, se acabó saliendo del guión y tocó otros asuntos. Aún no se ha decidido la relevancia penal de sus revelaciones y, en cualquier caso, será citado de nuevo a declarar y aportar documentación. De momento, no se le ha incriminado ni se han dirigido acciones contra él, que sigue sin tener causas en España.