No tenía por qué acudir de forma presencial. La comparecencia pudo haberse realizado virtualmente, pero el ministro de Finanzas de la gran coalición y candidato electoral socialdemócrata prefirió acudir personalmente, para dar así la impresión de que no tiene nada que ocultar ni que temer. Eso era lo que explicaba su equipo mientras él entraba por la puerta trasera del edificio. La comisión parlamentaria de investigación se reunía en la sala E400 del Paul-Löbe-Haus y Olaf Scholz era convocado para dar explicaciones sobre el registro llevado a cabo en la sede de su ministerio por un caso de lavado de dinero. En plena campaña electoral, cada partido interrogó por separado al ministro, en lugar de agrupados como de costumbre. La sesión duró por este motivo algo más de lo esperado y Scholz se perdió dos mítines en Tübingen y Nürtingen, aunque pudo tomar un avión privado para no faltar a la cita en Esslingen, a primera hora de la tarde.

Los diputados se interesaron por los motivos por los que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende de su cartera, no cursó la petición de un banco de supervisión de una transferencia con África de un millón de dólares, a pesar de que la entidad informó que se trataba de un pago «relacionado con lavado de dinero y comercio de armas». La base legal es la Directiva contra el blanqueo de capitales de la UE y, sobre todo, la ley alemana contra el blanqueo de capitales en la versión de 2017, año desde el que depende de Finanzas.

Scholz defendió que el volumen de informes en la UIF se ha triplicado durante su mandato, pero tuvo que confesar que nunca ha conocido al jefe de la unidad Christof Schulte, a pesar de que está obligado a informar directamente al ministro. Tampoco ha pisado nunca la sede de la oficina en Colonia, admitió, después de haber pasado más de treinta minutos extendiéndose sobre cómo ha promovido personalmente la expansión de la UIF. De hecho, presumió de haber aumentado significativamente el personal de la agencia, que sin embargo no transmitió la información mencionada.

La fiscalía de Osnabrück sospecha de un caso de dejación de responsabilidad y organizó por ese motivo el registro. El secretario de Estado y hombre de confianza de Scholz, Wolfgang Schmidt, habló de la redada en Twitter antes de tiempo, alertando así a los posibles sospechosos. La comisión también exigió a Scholz que libere las actas del caso Cum Ex y la sesión coincidió con la decisión de ayer del consejo de la autoridad de supervisión bancaria (Bafin), de cargar sobre el ministro de Finanzas, en su informe definitivo, la responsabilidad conjunta directa por el fracaso estatal en la quiebra de Wirecard.