El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, puso ayer punto final a la investigación sobre el presunto encargo de Caixabank y Repsol al comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar al constructor Luis del Rivero. Lo hizo fijando el techo de responsabilidad finalmente en los que fueron jefes de Seguridad de ambas compañías, Miguel Ángel Fernández Rancaño en el banco y Rafael Araujo en la petrolera, a quienes atribuye suficiente autonomía en las decisiones de contratación como para haber obrado en este caso por su cuenta y riesgo. Ambos, por cierto, eran policías en segunda actividad.

La decisión sucede a la adoptada el pasado mes de julio, cuando el juez acordó exonerar al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al expresidente de Caixabank, Isidro Fainé, así como a las dos empresas en calidad de personas jurídicas. De los primeros, concluía que no había indicios suficientes de que hubiesen estado al tanto de que la empresa elegida era la de Villarejo y sus métodos, ilegales. De las compañías, apreciaba que tenían mecanismos suficientes de control interno como para prevenir el delito (’compliance’) y que se habían seguido todos los cauces previstos por su propia normativa sin que fuera posible que se detectara que el comisario, aún en activo, estaba detrás del encargo. Consideraba además el perjuicio de la imputación a efectos reputacionales.

Aquella resolución fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción, si bien la Sala de lo Penal aún no se ha pronunciado al respecto. Entretanto, el juez ha puesto fin a la instrucción situando camino del banquillo a los dos ex responsables de Seguridad y en el caso de Repsol, también a un directivo. Se trata de Rafael Girona, subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa. Sigue la causa, asimismo, contra Villarejo, el abogado de sus empresas Rafael Redondo y el también comisario retirado Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía.

Archiva la causa para tres directivos y exdirectivos de Repsol y otro más de Caixabank por falta de indicios de su intervención

Para el instructor, los otrora jefes de seguridad de Repsol y Caixabank «disponían de un elevado grado de autonomía organizativa y contractual» así como «amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos». Desde esta perspectiva archiva la causa para tres directivos de la petrolera y otro de la entidad porque no ve indicios suficientes de que tuviesen responsabilidad ni jugasen papel alguno en la elección de Cenyt como proveedor o en su contratación.

Tráficos de llamadas

Conforme relata García Castellón, los hechos se remontan a 2011, cuando el constructor Luis del Rivero fraguaba una alianza con la petrolera mexicana Pemex que le iba a permitir ampliar su peso en el accionariado de Repsol. «Como consecuencia de estas operaciones, desde los servicios directivos de Caixabank y Repsol se articularon de modo conjunto, distintas vías de acción para evitar que se produjese dicha adquisición. Entre ellas figuró la contratación de la entidad Cenyt, cuya presidencia ostentaba el comisario José Manuel Villarejo.

La finalidad era frustrar el acuerdo entre Del Rivero y Pemex» y para ello, «se accedió a información referida a llamadas telefónicas realizadas por Luis del Rivero y otras personas de su entorno, lo que constituyen datos de carácter reservado a los que no se tiene acceso por fuentes abiertas ni registros públicos», destaca el instructor.

El rastro de ese tráfico de llamadas se plasmó en varios informes sobre el proyecto así como figura en las anotaciones intervenidas en los registros tanto de Villarejo como de Redondo al inicio de la causa en la Audiencia Nacional. El juez atribuye a García Castaño, que en aquel momento era jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía, haber proporcionado esos datos al grupo Cenyt.

En total, la empresa de Villarejo se embolsó 413.600 euros por aquel encargo de los que 218.900 los pagó Repsol y el resto, Caixabank. Las facturas recogen como concepto «elaboración de estrategias para la ubicación y recuperación de datos» en «discos duros».