Dos de las vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño y Teresa Rivera, han enviado una carta a la Comisión Europea en la que reconocen implícitamente que necesitan su ayuda para rebajar el precio de la luz y plantean elevar la discusión a escala comunitaria para evitar que esta situación de precios altos pueda poner en peligro el proceso de transición energética y desarrollar una reacción hostil en la opinión pública.

El documento sostiene que los pasos que ha dado hasta ahora el Gobierno para moderar el precio están de acuerdo con la legislación comunitaria pero al mismo tiempo en una formulación poco habitual pide que la Comisión los evalúe con la misma benevolencia con la que aseguran que ha tenido respecto a las medidas que han adoptado otros países, a los que no citan, y que dan a entender que ese caso serían dudosamente legales.

«España ha cumplido plenamente las normas europeas a pesar de la sensibilidad política de la crisis actual. Otros países han adoptado medidas menos ortodoxas y la Comisión ha mantenido un enfoque prudente. Esperamos al menos similar tratamiento» afirma en su último párrafo el documento de discusión («non paper» en la jerga comunitaria) que las dos vicepresidentas han enviado al vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Frans Timmermans, que está a cargo de la agenda del Pacto Verde, Margrethe Vestager, la responsable de la cartera de Competencia y Kadri Simson, comisaria de Energía.

Las dos vicepresidentas españolas piden a la Comisión que desarrolle «directrices que permitan a los Estados miembros reaccionar durante los períodos de tensión del mercado energético» teniendo en cuenta que «si las reglas del juego se establecen a nivel europeo, los remedios también deberían hacerlo» de modo que «los Estados miembros no deberían tener que improvisar medidas ‘ad hoc’ cada vez que los mercados funcionan mal y luego esperar que la Comisión no se oponga a ellos».

Lo que piden es «un menú de políticas europeas prediseñado para reaccionar de inmediato a los dramáticos aumentos de precios» y una reforma del mercado energético mayorista para «transmitir los beneficios de las tecnologías renovables hasta los consumidores».