En 2003, la doctora Noelia de Mingo sufrió un brote de esquizofrenia y apuñaló a ocho personas en la Fundación Jiménez Díaz. Tres de ellas murieron. El juicio se produjo tres años más tarde y la exmédico fue absuelta e internada en un psiquiátrico. Salió en 2017, cuando regresó con su madre, casi octogenaria, a El Molar. Los servicios jurídicos del Defensor del Paciente que representaron a las víctimas alertaron entonces del «tremendo error» de su puesta en libertad. De nada sirvió y, cuatro años después, Noelia de Mingo ha vuelto a acuchillar.

«Con una patología como esta no podía pasar otra cosa. Cuando dejan de tomar la medicación, tienen una de estas crisis y ven enemigos por todos lados», dice por teléfono la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, que ayer difundió un comunicado recordando su postura respecto al caso. La Justicia absolvió a De Mingo por cometer los crímenes con sus facultades anuladas por la enfermedad y, en su lugar, aplicó una medida de internamiento en un centro psiquiátrico por un máximo de 25 años. Tras una década en Fontcalent (Alicante), la evaluación de médicos, forenses y psiquiatras era favorable: la esquizofrenia paranoide de De Mingo, afirmaban, estaba en completa remisión.

«Eso no es cierto», zanja el letrado de las primeras víctimas, Carlos Sardinero. El auto que ponía fin al internamiento alegaba además que De Mingo había elaborado «conciencia del daño producido». Los afectados, sin embargo, lo pusieron en duda. «Jamás pidió perdón, la falta de empatía es uno de los síntomas de la esquizofrenia, la enfermedad no había remitido», explica Sardinero, que ha solicitado una vista en la Audiencia Provincial de Madrid para que los especialistas que han atendido a la doctora durante once años defiendan sus informes. También ha pedido que acuda De Mingo, donde se le podrá realizar una entrevista y estudiar su situación actual.

Modificar la ley

Dos décadas después, Sardinero vaticina que la historia se repetirá. «Ella defenderá que tenía sus facultades anuladas y se le aplicará la medida de internamiento en centro penitenciario, pero en 2030, ¿qué pasará?», cuestiona el abogado del Defensor del Paciente que, para evitar tragedias similares, promoverá «una modificación de la ley para los enfermos mentales que han cometido delitos de forma reiterada». Con una madre octogenaria y un chequeo rutinario cada quince días de su médico de familia, De Mingo ha vuelto a perder el control. «Hay tres víctimas, las dos mujeres y Noelia», declara Sardinero, «queríamos protegerla de sus propios actos».