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El PSC se une a los secesionistas en sus críticas al Tribunal de Cuentas por los avales del 1-O

Illa se alinea con el Govern y su portavoz deslegitima al ente por no estar renovado

D. TERCERO BARCELONA

El secretario general del PSC, Salvador Illa, se unió ayer a las críticas de los independentistas al Tribunal de Cuentas por no haber aceptado los avales de la Generalitat a los altos cargos implicados en el 1-O. Illa aseguró que el entramado creado a ese efecto es legal.

A los independentistas implicados en la última causa instruida en el Tribunal de Cuentas (TdC) relacionada con el referéndum ilegal del 1-O, que evalúa si 34 ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña gastaron indebidamente 5,4 millones de euros de dinero público, les salió ayer un nuevo ‘abogado defensor’. El líder del PSC, Salvador Illa, se posicionó en contra de la decisión de la delegada instructora, Esperanza García, quien rechazó este jueves los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para los 28 implicados que se acogieron a esta vía abierta por el Govern catalán. Para Illa, el entramado creado por la Generalitat es «ajustado a derecho», dijo ayer a la prensa tras colocar flores en la tumba de Lluís Companys, coincidiendo con el 81 aniversario de su fusilamiento. Eso sí, el exministro de Sanidad mostró el «máximo respeto» para la decisión del TdC.

En esta línea, Alícia Romero, portavoz del PSC en el Parlamento autonómico catalán, fue más allá que Illa y, tras conocer la decisión de la instructora delegada del TdC, cargó contra este organismo constitucional con una enmienda a la totalidad ya que «hace tiempo que está pendiente de renovación». Una renovación que, al margen de los nombres, se acordó por PSOE y PP esta misma semana.

La portavoz de los socialistas catalanes

ERC y Junts depositan los 5,4 millones de las fianzas en el TdC entre reproches de los de Puigdemont a los de Junqueras por «partidismo»

defendió el instrumento creado por el Govern independentista, que llegó a forzar al ICF para que asumiera con dinero público las fianzas hasta los 5,4 millones de euros. Romero recordó, además, que ni el Consejo de Garantías Estatutarias –órgano consultivo autonómico al que acudió el propio PSC– ni la Abogacía del Estado detectaron algo «fuera de la ley» en el Fondo Complementario de Riesgos, vinculado al ICF. Sin embargo, la Abogacía del Estado, en realidad, se inhibió cuando la delegada instructora en la causa pidió su opinión sobre la legalidad de los avales.

«Venganza» y «represión»

En este contexto, Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, comparó ayer el fusilamiento de Companys con supuestos «ataques» de las instituciones contra Cataluña: «81 años después vemos como las instituciones siguen todavía sufriendo ataques de aquellos que quieren que nuestro pueblo, la nación catalana, no pueda aspirar a la máxima libertad y justicia social».

Por otro lado, fuentes oficiales de ERC y Junts confirmaron este viernes por la tarde que habían depositado los 5,4 millones de euros en el TdC. Junts asumió 3,3 millones y ERC, el resto. En un primer momento, desde el partido de Oriol Junqueras se dijo que ERC asumía las fianzas de todos los miembros del Govern entre 2016 y 2017, bajo la presidencia de Carles Puigdemont. Sin embargo, desde Junts se desmitió que las fianzas se hubieran individualizado (salvo la que hace referencia a Raül Romeva) y se acusó a ERC de hacer «partidismo» en un tema de «solidaridad antirrepresiva».

ABC 2

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2021-10-16T07:00:00.0000000Z

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https://lectura.kioskoymas.com/article/281496459473112

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