Todo el que viva en la comunidad autónoma «en situación de vulnerabilidad económica» tendrá garantizada una renta mínima de al menos 522 euros mensuales. El Gobierno aragonés exigirá que lleven al menos un año empadronados para otorgarla, como adelantó ABC el pasado mes de mayo.

El Gobierno aragonés del socialista Javier Lambán ha optado finalmente por no enmendar su polémica Ley regional del Ingreso Mínimo Vital y garantizar a los inmigrantes irregulares una paga social de 522 euros, como mínimo, con tal de que lleven un año empadronados en cualquiera de sus 731 municipios, tal y como avanzó ABC en mayo pasado. Hay que tener en cuenta que en España no se exige la residencia legal para el empadronamiento municipal.

La ley se promulgó en mayo y, ahora, el Gobierno de Lambán acaba de publicar el decreto con el que la desarrolla y que permite aplicarla en la práctica. Pese a que había planeado aprovechar ese decreto para excluir a los inmigrantes irregulares, al final el que ha aprobado establece que, para acceder al ingreso mínimo vital de Aragón, solo se exigirá la residencia efectiva, no la legal.

Todo el que viva en Aragón «en situación de vulnerabilidad económica» tendrá garantizada una renta mínima de 522 euros mensuales, importe que puede ser mayor según las condiciones personales de los beneficiarios. Los inmigrantes irregulares – y esta es la gran novedad de esta ley aragonesa de protección social– pasan a estar incluidos en la lista de beneficiarios, en igualdad de condiciones que el resto de residentes legales, españoles o extranjeros.

Cargos públicos en evidencia

El pasado mes de mayo, cuando se promulgó esta nueva ley aragonesa y este periódico destapó esa sustancial novedad, el Gobierno de Lambán atacó duramente a ABC, se llegó a calificar la noticia de falsa y el Ejecutivo regional negó lo que la propia ley indicaba, que los ‘sin papeles’ pasaban a tener garantizado un salario mínimo en Aragón.

La ley acababa de ser aprobada en las Cortes de Aragón con los votos a favor del PSOE, Podemos, los soberanistas de la Chunta y el PAR –el Gobierno cuatripartito de Lambán– y también por Ciudadanos e Izquierda Unida. El PP y Vox se abstuvieron, así que la ley salió adelante sin ningún voto en contra.

Tras la polémica que siguió a la información que ABC publicó el pasado 28 de mayo, los dirigentes populares fueron los únicos que reconocieron que, cuando se inclinaron por la abstención en su votación, no habían reparado en ese sustancial detalle de la ley. Todas las demás formaciones políticas, al sentirse comprometidas por la polémica, salieron en tromba a pronunciarse contra este diario, negaron lo que en realidad habían votado e intentaron desmentir lo que la ley promulga. Después de aquella campaña de ataques contra ABC se produjo otro bandazo del gabinete del socialista Lambán: durante el pasado verano, el Ejecutivo autónomo cambió de criterio y maniobró para enmendar, por la vía del decreto, ese controvertido apartado de su nueva ley autonómica del ingreso mínimo vital.

Pese a que el principio jurídico de la jerarquía normativa impide que un reglamento vulnere o restrinja la ley que desarrolla, el Gobierno de Lambán se embarcó en tramitar un proyecto de decreto en el que pasaba a exigir la «residencia legal en España», en vez de la mera «residencia efectiva en Aragón».

Cambios de criterio

El pasado septiembre, ABC informó de que ese proyecto de decreto contó con el visto bueno de los servicios jurídicos de la Administración autonómica y, tras semanas de tramitación, quedó listo para su aprobación en Consejo de Gobierno regional. Sin embargo, finalmente el Ejecutivo de Lambán se ha vuelto a desdecir y ha prescindido de ese proyecto de decreto: el que ha aprobado finalmente, y acaba de publicar en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), consuma el requisito de la «residencia efectiva», para incluir entre los beneficiarios a los inmigrantes irregulares.

El decreto que acaba de publicar el Gobierno de Lambán es nítido al respecto. En su lista de requisitos indica: «Tener residencia efectiva en Aragón», y cita dos leyes, una estatal y otra autonómica, para reforzar su decisión. Pero no hace mención alguna a la Ley de Extranjería, la que en mayo se apresuró a exhibir el gabinete de prensa del Ejecutivo de Lambán para reproducir otro ataque a este periódico y decir que los ‘sin papeles’ no iban a cobrar el ingreso mínimo vital de Aragón.

El equipo del presidente regional llegó a asegurar que se iba a exigir «el permiso de residencia» al amparo de la Ley de Extranjería, pero esa condición en ningún caso aparece recogida como requisito en el decreto que acaba de promulgar, al final, el mismo Gobierno de

Lambán.