Italia es el primer país europeo que impone la obligatoriedad de vacunación contra el coronavirus a todos los empleados públicos y trabajadores privados del país. Incluso, la negativa a vacunarse puede ser motivo de despido forzoso. La medida es polémica y muy conflictiva porque discriminar a unos trabajadores frente a otros en función del ‘pasaporte verde’ afecta a la libertad de conciencia en un país en el que hay cuatro millones de personas que se han negado a vacunarse. El debate resulta delicado desde muchas perspectivas. ¿Debe primar la libertad de cada cual a vacunarse, o la seguridad sanitaria en casos de pandemias difícilmente controlables? Occidente ya tuvo que decidir en otro ámbito distinto tras el 11-S, y optó por restringir libertad para ganar en seguridad. En España este debate no está abierto y sería igualmente conflictivo. Pero llegado el caso, parecería razonable forzar como mínimo la vacunación de los profesionales de ámbitos laborales cruciales para la protección de todos, y especialmente propicios a contagiar. No es intervencionismo. Es salud pública, un bien colectivo que debe ser protegido, incluso por encima de otros derechos. Lo contrario consagraría una suerte de ‘derecho a contagiar’, y eso sería muy difícil de aceptar.