El pasado mes de septiembre recojo, por casualidad, en mi segunda vivienda, un expediente de apremio con embargo de mi pensión de jubilación por 142,01 euros. Lo envía la Diputación de Badajoz al INSS de Madrid. Al parecer, corresponde a una sanción de tráfico de diciembre de 2015. ¡hace 6 años! Es imposible que te acuerdes por el tiempo transcurrido. La citada Diputación dice que Correos dejó un aviso y que, además, fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. Esto significa que el cartero es infalible y que los ciudadanos debemos leernos diariamente el BOE de todas las provincias por si tenemos algo pendiente.

Por disconformidad, y a pesar de no disponer apenas de información, les mando por correo electrónico un recurso de reposición. Me lo rechazan porque debe ser ¡con firma digital! Lo vuelvo a enviar, firmando el recurso digitalmente. Me lo vuelven a rechazar, pues la firma digital tiene que ser en el correo.

Es incomprensible. La Administración se comunica por correo y, sin embargo, el ciudadano debe hacerlo, sí o sí, por los medios más sofisticados posibles, sin tener el mínimo respeto por las generaciones que no han nacido ‘informatizadas’.

¡Apaga y vámonos! RICARDO RODRÍGUEZ MADRID