Al parecer, el exministro de Sanidad ha decidido unirse activamente al vasto equipo jurídicio que defiende la causa de los separatistas, donde ya está hace tiempo la Abogacía del Estado. No se entiende de otra manera que afirme que es legal utilizar dinero público para pagarles los avales a los cabecillas del ‘procés’ condenados por el Tribunal de Cuentas. Es decir, que todos los catalanes les paguen las fianzas a un grupito. Como Illa no tiene formación jurídica alguna y es filósofo habrá que tomarse su juicio con filosofía.