Los populares no están dispuestos a permitir que el Gobierno oculte el contrato que ultima con la Comisión Europea sobre la ejecución de los fondos europeos Next Generation –el denominado ‘Operational Arrangement’–. Por ello, han lanzado una ofensiva en el Congreso para intentar forzar a La Moncloa a desvelar qué compromisos va a asumir España.

Como primeras medidas, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha solicitado las comparecencias de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que expliquen las condiciones del ‘Operational Arrangement’. Además, ha solicitado copia del contrato al Ministerio de Asuntos Económicos y lanzado una batería de preguntas escritas al Ejecutivo. «¿Por qué se niega el Gobierno a hacer público este documento?»; «¿Este ‘Operational Arrangement’ incluye compromisos nuevos o mayores detalles respecto a los 416 hitos y objetivos ya conocidos?» y «¿Se han detallado algunas reformas en materias tan sensibles como la reforma laboral, la sostenibilidad de las pensiones o la sostenibilidad de nuestras cuentas públicas?», son algunas de las cuestiones planteadas.

El ‘Operational Arrangement’ detallará los indicadores, pasos y calendarios que deben seguir las reformas e inversiones comprometidas por España y también de qué manera evaluará Bruselas si el uso de los fondos ‘Next Generation’ cumple con los objetivos pactados por el Consejo Europeo.

Calendario de reformas

Este contrato recogerá también la información que deberá reportarse de forma periódica al Ejecutivo comunitario, ya que Bruselas evaluará cada semestre en qué punto se encuentran las reformas e inversiones comprometidas. No en vano, los nuevos pagos dependen de que avancen según el calendario que se acuerde en el contrato. De momento, Bruselas solo ha efectuado la primera entrega de fondos, la única que no tenía exigencias previas. Los siguientes pagos requerirán autorización y, por tanto, la verificación de que España está cumpliendo sus compromisos. En caso de incumplimiento, el Ejecutivo comunitario puede paralizar las entregas de fondos hasta que la situación sea la acordada.

El ‘Operational Arrangement’ no solo obliga al Gobierno central sino también a las autonomías como ejecutoras de inversiones vinculadas a los fondos. Al ocultar los términos del contrato también a las comunidades, el Ejecutivo complica el adecuado cumplimiento de lo firmado. «Si no sabemos cuáles son los criterios que va a utilizar Bruselas para determinar si una inversión ha cumplido o no con lo pactado, es muy difícil que podamos hacerla como espera la Comisión. Pretenden que sepamos qué hacer por ciencia infusa», advierte un dirigente autonómico, muy crítico con la opacidad que el Gobierno está manteniendo en esta cuestión.

Calviño y Montero podrán eludir las comparecencias solicitadas por los populares si, como viene siendo habitual, los partidos nacionalistas e independentistas les brindan ayuda y votan en contra de las mismas. La contribución de partidos como PNV, ERC o EH Bildu a la opacidad del Gobierno está siendo una constante desde que Pedro Sánchez alcanzó La Moncloa y ha evitado al Ejecutivo tener que explicar sus escándalos: desde Gali a Delcy pasando por la presunta de niñera de Irene Montero, la presunta financiación irregular de Unidas Podemos o el caso Dina, por poner algunos ejemplos.

Obligado a contestar

Sin embargo, el Ejecutivo no podrá eludir las preguntas y peticiones de documentación sin incurrir en una ilegalidad ya que la Constitución recoge el derecho fundamental de los diputados a pedir a la Administración toda la información y documentación que consideren necesaria para el ejercicio de su labor. El Reglamento del Congreso le otorga un plazo máximo de 30 días para remitir la documentación solicitada, mientras que el margen para contestar preguntas escritas es de 20 días ampliables a otros 20. Si el Gobierno no remitiera la documentación tendría que justificar su negativa jurídicamente. En lo que va de legislatura ha incumplido varias veces esta obligación no contestando a la oposición. Tiene varias causas abiertas por ello ante el Tribunal Supremo.

El Ejecutivo tampoco quiere revelar el contrato a las autonomías, lo que puede dificultar su adecuado cumplimiento