Plantón desde la cúpula del Ministerio del Interior al juez del caso Gali, Rafael Lasala. El magistrado zaragozano que investiga la entrada clandestina en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, llamó a declarar para el próximo lunes a Susana Crisóstomo, la jefa de gabinete del ministro Fernando Grande-Marlaska. La convocó como testigo, pero Crisóstomo no ha atendido la citación y ha tenido que ser requerida por segunda vez, con la consiguiente demora en la investigación judicial.

La incursión clandestina de Gali fue urdida por el Gobierno y ejecutada el 18 de abril. El líder del Polisario fue introducido de forma furtiva a través de la Base Aérea de Zaragoza, a donde llegó en un avión de la Presidencia de Argelia. Para encubrirlo, se ordenó que Gali no fuera sometido a control de pasaporte. Además, fue amparado bajo una identidad falsa. Enfermo de Covid, fue trasladado al hospital de Logroño, donde el Gobierno regional de la socialista Concha Andreu le procuró cama. Fue ingresado con otro nombre, amparado en un falso pasaporte argelino a nombre de un tal Mohamed Benbatouche, «embajador retirado».

La acogida clandestina de Gali fue coordinada por la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González

Laya, a través de su jefe de gabinete, el diplomático Camilo Villarino. Ambos están imputados por estos hechos, en los que el juez Lasala ha apreciado indicios de prevaricación, falsedad y encubrimiento.

El magistrado ha ampliado las diligencias para identificar a todos quienes participaron de forma decisiva en aquella operación clandestina. Y, en particular, quiere determinar quién fue su responsable máximo de un caso que compromete de lleno al presidente Pedro Sánchez.

Agentes de Interior

Las declaraciones y datos recabados por el juez Lasala han permitido destapar que agentes del Ministerio del Interior dieron cobertura de seguridad al traslado de Gali desde Zaragoza a Logroño y su ingreso en el hospital. El líder del Polisario iba acompañado por uno de sus hijos, que también fue introducido furtivamente en España.

Para profundizar en la investigación, el magistrado ha llamado a declarar a la jefa de gabinete de Marlaska. El juez acordó su citación hace casi un mes, en un auto dictado el 24 de septiembre. En él fijó la toma de declaración de Susana Crisóstomo para el lunes, 18 de octubre, pero ha tenido que posponerla. Para facilitarle la comparecencia, se aceptó que Crisóstomo declarara por videoconferencia desde los

Desde el Ministerio del Interior aseguran a ABC que hasta la fecha no se ha recibido ninguna notificación al respecto

juzgados de Madrid. En concreto, a través del juzgado de Instrucción número 45 de la capital de España, que se dirigió a Crisóstomo, pero obtuvo el silencio por respuesta.

Según consta en la diligencia judicial en la que se da cuenta de lo ocurrido, a la que ha tenido acceso ABC, el juzgado le envió un burofax a la jefa de gabinete de Marlaska para notificarle personalmente la citación el 4 de octubre. Pero llegó la fecha y «no se presentó en sede judicial», por lo que le han tenido que mandar otro requerimiento. «Habrá que esperar a ver si se presenta», expone esta diligencia. Fuentes del Ministerio del Interior, no obstante, aseguran a ABC que no se ha recibido notificación alguna.

El juez también ha citado como testigo a la que fue jefa de gabinete de Carmen Calvo cuando era vicepresidenta del Gobierno. María Isabel Valldecabres, que ahora es directora de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. El imputado Villarino desveló ante el juez que Valldecabres le llamó para interesarse por la operación. La llamada fue dos días antes de la llegada de Gali.

La declaración de Valldecabres también había sido fijada para el próximo lunes y ha sido pospuesta. El juzgado desde el que tenía que declarar –número 39– ha dicho que no está disponible para la videoconferencia. Ese día está en funciones de juzgado de guardia, «y su secretario ha dicho que el día de guardia no se hacen videoconferencias».