Italia no se paralizó ayer, como habían amenazado los movimientos antivacunas, al entrar en vigor el certificado de vacunación contra el Covid, obligatorio para entrar en los lugares de trabajo públicos y privados, incluso para ejercer el servicio doméstico. La imposición ya estaba vigente para acceder a lugares cerrados como cines, teatros, museos o restaurantes, pero ayer llegó al ámbito laboral. Los que todavía no se habían vacunado tuvieron que presentar un test de antígenos realizado en las 48 horas previas a la incorporación a su empleo para demostrar que eran negativos en coronavirus, lo que provocó un alud de peticiones de urgencia en farmacias y centros de salud.

Tras una jornada no exenta de tensión, en la que se temía la posibilidad de que se dieran enfrentamientos entre grupos extremistas, el primer ministro italiano, Mario Draghi, vio reforzada su posición de ser inflexible sobre la dura medida del certificado de vacunación obligatorio. A Draghi no le importó el posible desgaste por la movilización de la legión de antivacunas en la calle y no cedió ante la presión social y de algunos partidos, porque considera imprescindible culminar con éxito la campaña de vacunación para lograr la recuperación económica del país.

Momentos de tensión

Aunque se temía y se había adelantado que podría ser un auténtico ‘viernes negro’, con la excepción de las protestas de pequeños grupos en muchos puntos del país, la jornada transcurrió con cierta normalidad, aunque en algunos lugares sí se registraron momentos de tensión. La mayor preocupación para el Gobierno italiano la constituyó el sector del transporte público y el portuario, donde el 20% de los trabajadores no están vacunados. Todavía hay casi cuatro millones de italianos que ni siquiera cuentan con una dosis del medicamento contra el Covid, entre ellos 350.000 transportistas por carretera, 60.000 miembros de las Fuerzas de Seguridad, incluidos 18.000 policías, y 250.000 empleados públicos.

Es también considerable el número de los sanitarios no vacunados: a final de septiembre, los médicos suspendidos del registro de los colegios médicos italianos por no estar vacunados eran 644, según la Federación de médicos. Llegó a haber 820 suspensiones, pero 176 fueron eliminadas después de que los profesionales recibieran la inyección contra el coronavirus. En principio puede parecer sorprendente el alto número de servidores públicos no vacunados, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno fijó un calendario de inmunización en el que se priorizaba a policías,

Los médicos suspendidos por no vacunarse eran el mes pasado 644, según la Federación. Llegó a haber 820, pero 176 se pusieron la inyección para poder ejercer

al personal de las Fuerzas Armadas, sanitarios y personal de otros servicios públicos.

En realidad, el mundo de los movimientos hostiles a las vacunas es muy heterogéneo en Italia, incluyendo algunas tendencias muy radicales y extremas: algunos incluso teorizan so

bre ideas conspirativas, desde la hipótesis de los diseños ocultos para el control de la población hasta los de una dirección clandestina de las multinacionales farmacéuticas. Según el conocido divulgador científico Mario Tozzi, entre los antivacunas hay también «negacionistas del clima, defensores de la tierra plana y muchos seguidores de un sector curiosamente con notable predicamento en Italia: astrólogos, zahoríes, magos, curanderos y charlatanes de diversas tendencias». Además, el fenómeno incluye a grupos o individuos que no tienen la intención de clasificarse como antivacunas y justifican su rechazo al pinchazo contra el virus apelando a la «libertad de elección» u objeción de conciencia.

Grupos extremistas

No solo se declaran antivacunas entre grupos de extrema derecha, también se dan en la extrema izquierda, incluso un par de conocidos filósofos italianos se han expresado contra el certificado de vacunación. Por ejemplo, el famoso politólogo y filósofo Massimo Cacciari, exalcalde de Venecia, ha reiterado en numerosas ocasiones que «el certificado sanitario obligatorio crea una vulnerabilidad legal-institucional», algo en lo que no están de acuerdo numerosos expertos constitucionalistas. Precisamente, para evitar este debate, el Ejecutivo italiano, que en principio consideró también la opción de establecer como obligatorio el pinchazo, se decantó por imponer la obligatoriedad del certificado sanitario Covid, confiando en alcanzar el mismo objetivo: la vacunación de al menos el 90% de la población.

Ante tal diversidad de corrientes entre los antivacunas, el sociólogo Giuseppe Roma, exdirector del prestigioso Instituto de investigación socioeconómica (Censis), da una explicación sobre esa rebeldía que, para la gran mayoría del país, no está justificada ni es razonable: «No creo que sea una rebelión provocada por la marginación y la pobreza, porque los que suelen protestar en las manifestantes contra las vacunas y el certificado sanitario Covid pertenecen sobre todo a una clase media baja. La lectura a realizar es biopolítica: cuando el poder y la política intervienen en tu cuerpo, en la esfera más íntima del individuo (con la vacuna y certificado sanitario), pueden surgir reacciones emocionales e irracionales».

Con la obligatoriedad del llamado en este país ‘Green Pass’, el Ejecutivo pretende que se llegue a final del mes de octubre con el 90% de la población vacunada y alcanzar así la inmunidad de grupo o rebaño. Actualmente, más del 80% de los italianos mayores de 12 años ha recibido ya las dos dosis de vacuna.

Los efectos de la imposición

Sin duda, el certificado de vacunación ha dado un notable resultado. En menos de un mes, desde que el Gobierno anunció el 16 de septiembre que la medida sería obligatoria, hasta el 13 de octubre se administraron 559.954 primeras dosis de vacuna más de lo esperado: 1.768.226, en lugar de 1.208.272, con un incremento del 46%.

Según el virólogo Roberto Burioni, actualmente Italia está dividida en relación con las vacunas: «Por un lado, los vacunados (85%), que en caso de enfermar lo hacen levemente e infectan poco. Por otro, los no vacunados (15%), que pueden enfermarse gravemente y son extremadamente contagiosos. A unos y a otros los divide una vacuna, mucho más segura que las que se suministran para la infancia».

Muchas personas reacias a vacunarse están cediendo ante las duras sanciones previstas. El empleado que entra en su puesto de trabajo sin certificado sanitario se arriesga a una sanción de 600 a 1.500 euros. Cada día que falte al servicio, hasta que exhiba el certificado de vacunación, se considera una ausencia injustificada. Durante los días de ausencia no percibirá el salario, pero en ningún caso la falta del pasaporte verde conlleva el despido laboral. El empresario que no controle el pasaporte Covid corre el riesgo de una multa que va desde 400 euros hasta 1.000.

El 90% de la población, según las encuestas, es partidaria del certificado de vacunación. Pero el sector antivacunas, minoritario, ha sido muy ruidoso, organizando numerosas manifestaciones que derivaron en altercados graves. Especialmente lo fue la protesta del pasado sábado en Roma, con el asalto a la sede del principal sindicato del país, la Confederación General del Trabajo (CGIL), que fue devastada. Fueron detenidos doce manifestantes, entre ellos los dos líderes del partido de extrema derecha Forza Nuova, neofascista, que dirigieron el asalto al sindicato, culpable, según ellos, de no defender a los trabajadores que se oponen al certificado Covid.

El caso de Italia es único en el mundo. Hasta las vísperas se pensó que quizás el Gobierno podía ceder o flexibilizar el duro decreto ley, ante las presiones y amenazas de los antivacunas. Pero el presidente del Consejo de Ministros italiano, Mario Draghi, ha sido inflexible.