ERC no presentará enmienda a la totalidad de los Presupuestos en el Senado pese a que todavía no ha logrado un acuerdo con el Gobierno sobre la implantación de las cuotas de catalán a las plataformas audiovisuales. Quienes sí presentarán veto serán Junts, PP, Vox y Cs.

El Ejecutivo asume modificaciones y se compromete a un modelo que facilite la producción en lenguas cooficiales

La larga reunión de la tarde del miércoles entre el PSOE y ERC no sirvió para resolver el conflicto en torno a la nueva ley audiovisual. Es más, se constató que existían «diferencias interpretativas» sobre el texto aprobado el martes en el Consejo de Ministros.

Pero la cita sí sirvió para que emanase la idea de que, de un modo u otro, va a haber acuerdo. Desde el Ejecutivo se trasladaba ayer esta certeza. Que llevaba aparejada la esperanza, casi es una convicción, de que ERC no presentaría un veto a los Presupuestos Generales del Estado en el arranque de su tramitación en el Senado. El plazo para exprimir su posición de socio del Gobierno termina el jueves 9 de diciembre, cuando acaba la posibilidad de presentar enmiendas parciales en la Cámara Alta. La potencia negociadora de los republicanos se reduce una vez que concluya la tramitación de las cuentas públicas. Y por eso se quiere cerrar antes esta cuestión.

No se equivocaban en la parte socialista de la negociación sobre la ley audiovisual. A última hora de la tarde de ayer, fuentes de ERC aseguraban que no se producirá ese veto a las cuentas del Estado en la Cámara Alta, ya que la formación independentista «prima sobre todo la negociación y el diálogo», por lo que se confía en que la parte socialista propondrá en los próximos días una solución que satisfaga a ambas partes.

El desencuentro tiene lugar porque el Gobierno asevera que las plataformas internacionales como Netflix, Amazon Prime o HBO no deben verse sujetas a la obligación de disponer de un 6% de su catálogo en catalán, euskera o gallego. No se puede aplicar la cuota a Netflix o HBO, según la directiva europea que se traspone con esta ley. Fuentes del Ejecutivo aseguran que se va a reconducir «muy pronto» la situación con ERC. Desde el espacio socialista se reconoce que se está buscando una solución para encajar las demandas de los independentistas.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que capitanea las negociaciones del Gobierno, planteó ayer que se busca una solución «equilibrada», pero puso de manifiesto que el Ejecutivo es muy reacio a contrariar a las corporaciones internacionales porque «la parte fundamental de la ley» es que sea capaz de «atraer inversiones» y generar «atractivos para la industria y las grandes compañías», para convertir España en un «‘hub’ de producción audiovisual en todo el mundo». Moncloa busca cómo contentar a ERC, pero «sobre la premisa fundamental» de que quiere que España «sea un centro mundial de producción audiovisual». «Y para eso tenemos que ser atractivos para la industria y las grandes compañías».

El Gobierno cambia el paso

Lo que es seguro, y en eso el Gobierno ha tenido que cambiar el paso, es que va a tener que hacer modificaciones de esta norma. Bolaños reconoció ayer que se trabaja «con distintos escenarios» para alcanzar un «régimen que facilite la producción en lenguas cooficiales». Lo cierto es que el Ejecutivo nunca fue partidario de las cuotas. Pero tuvo que aceptar ese modelo porque ERC lo imponía como condición irrenunciable. A partir de ahí, la redacción final limita mucho el alcance de la medida al aplicarse solo a plataformas nacionales. La posición de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que pilota formalmente esta norma, fue muy estricta a este respecto. Pero ella no está presente en la relación con ERC. Y el Gobierno ha dado muestras de flexibilizar su postura.

La tensión vivida el martes bien entrada la tarde, cuando Gabriel Rufián amagó con rechazar los PGE si la cuota audiovisual no afecta a plataformas de fuera de Europa, ha desaparecido. Rufián se jactó de que el Gobierno parecía haber comprendido por fin la importancia que le da ERC a la cuestión lingüística, mientras que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en la necesidad de mantener abierto el cauce de diálogo entre ambas partes. Nada dijeron de Unidas Podemos, que el día anterior exhibió su malestar por haber sido excluido de la negociación; tampoco del contenido de la reunión de ayer, de la que PSOE y ERC guardan silencio. Apenas destacan la buena sintonía y la franqueza con la que hablaron ambas partes.

Fuentes republicanas admiten que «lo importante es que se está hablando y que el Gobierno ha captado el mensaje», señaló ayer Rufián, quien no quiso entrar en detalles de las conversaciones porque, dijo, sería «imprudente» e «irresponsable» por su parte, pero sí pidió al Ejecutivo que se ayuden «comunicativamente». Desde La Moncloa recogen el guante y coinciden en la necesidad de cuidar la interlocución. Fuentes gubernamentales reconocen que ERC les dejó claro lo molestos que estaban durante la teleconferencia celebrada el pasado miércoles por la tarde por ambas partes.