Mañana sábado se cumplen tres años desde que venció el mandato del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el acuerdo entre PSOE y PP sigue encallado sin que nadie se atreva a aventurar cuándo se procederá a una renovación que, además de obligada, resulta necesaria para que se puedan seguir haciendo nombramientos en la cúpula judicial.

El pacto que sellaron el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el líder de los populares, Pablo Casado respecto a un tercio del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos parecía abrir la puerta a un acuerdo respecto al CGPJ, pero lo cierto es que, según fuentes conocedoras de la negociación, no hay ningún movimiento que apunte a que ese pacto entre los dos partidos de forma inminente. El PP no quiere renovar mientras no haya un compromiso, expresado en una proposición de ley, para modificar el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial, hoy en manos del Congreso, al igual que los ocho que son juristas.

Ante la inamovilidad de las posturas de ambas formaciones y el «colapso» judicial del que ha alertado el Supremo son ya muchas las miradas que se dirigen al Tribunal Constitucional como única esperanza para desbloquear la renovación. El órgano de garantías tiene en su manos la resolución del recurso que presentó el PP contra la reforma que limitó sus atribuciones. Si el TC estimara el recurso de los populares y considerara inconstitucional esta limitación, el Consejo podría seguir desempeñando sus funciones, entre ellas los nombramientos, con normalidad, sin que la justicia se siguiera resintiendo por esta limitación. La losa del bloqueo no caería de forma tan drástica sobre el líder de los populares, que podría seguir insistiendo en que se cumplan las recomendaciones europeas en materia de independencia judicial. Si, por el contrario, el TC rechazara este recurso, se trasladaría a Casado toda la responsabilidad de ese funcionamiento anormal de la justicia y no habría más remedio que renovar de forma inmediata y plantear con posterioridad el cambio de modelo.

En cualquier caso, la intención del nuevo presidente del órgano de garantías, Pedro González Trevijano, de acabar con la política de bloques en el Tribunal Constitucional e intentar consensuar al máximo los asuntos antes de que aterricen en el Pleno aventura que no será este uno de los recursos a los que el TC dé prioridad, precisamente por las derivadas políticas que esta reforma tiene y la más que probable división que se produciría entre los doce magistrados del tribunal.

Fuera de esta opción a día de hoy lo único que puede posibilitar el acuerdo es que PSOE o PP cedan de alguna forma; que el primero se abra a la posibilidad de modificar el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, como pide también Bruselas, o que los populares aparquen esta reivindicación para después de la renovación y acepten que el posible cambio de modelo se estudie en una comisión creada ex profeso. Eso sí, no en los términos a los que alude la ministra de Justicia, Pilar Llop, que aboga por que se pongan sobre la mesa «todos» los posibles modelos y «que se explique a los ciudadanos» por qué es mejor uno que otro. Para el PP, la indicación de Europa sobre que los jueces tienen que participar directamente en este sistema está clara.

Pese a que el acuerdo estuvo muy cerca en dos ocasiones, la última, el pasado marzo, cuando el pacto se rompió en el último momento con los nombres de los vocales prácticamente cerrados, diversas fuentes consultadas coinciden en asegurar que la diferencia fundamental entre aquel momento y el actual es que si bien Casado entonces enfocó su negativa a la participación de Podemos, ahora «ha hecho con la elección de jueces por los jueces un planteamiento de fuerza política que antes no lo era. Ha dicho muchas veces que no y recomponer eso es muy difícil», sostienen. Sus quejas por que Podemos participe en la negociación parecen haberse superado a tenor de que el pasado octubre no tuvo reparos en que Ramón Sáez entrara en el TC a propuesta de los morados y el abogado del caso Neurona (José Antonio de Padua Ortiz de Mendivia) como consejero del Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, estas mismas fuentes alertan de que a Europa también se le puede acabar la paciencia ante los reproches de Polonia por el tratamiento que ese país está recibiendo respecto a los fondos europeos mientras que a España no se la trata con la misma contundencia en términos de independencia judicial. Hasta desde el Partido Popular Europeo se le ha habría llegar a Casado su preocupación por este asunto. La Comisión Europea ha incidido en varias ocasiones en que el cambio de sistema es necesario, pero la renovación también.