La polémica por el uso de los dispositivos electrónicos de control –conocidos popularmente como ‘pistolas eléctricas’ o táser, su nombre comercial– ha vuelto a resurgir tras la muerte de un hombre en Badalona la semana pasada después de recibir varias descargas de los Mossos d’Esquadra cuando amenazaba con un cuchillo en el cuello a su madre. Es la primera muerte que se produce desde que la táser se implantó en Cataluña en 2018.

El Ministerio del Interior adquirió hace ya casi dos años mil unidades para incluirlas dentro del armamento de uso policial de Policía Nacional y Guardia Civil (algunas policías locales y autonómicas llevan años usándolas). Su uso, eminentemente disuasorio, estará restringido a aquellos agentes que hayan superado la formación necesaria, según explicó la Dirección General de la Policía tras la compra de las primeras 300 unidades, a la que siguió una segunda de 700 adquisiciones.

Protocolo que regula su uso

La Policía elaboró un protocolo que regula su uso solo para «reducir, inmovilizar o detener» a personas que muestren una resistencia activa, que tengan una actitud violenta o que amenacen con armas blancas y objetos peligrosos a los agentes o a terceras personas, o bien que intenten suicidarse.

No obstante, dos años después las táser compradas por Interior siguen en un cajón, según confirmó ABC. La razón oficial es que «tanto los formadores como los agentes que tendrán que utilizarlas, sobre todo uniformados, continúan con la formación para su uso», sin aportar más datos.

En enero de este año Unidas Podemos presentó una proposición en el Congreso en la que pedía que se prohibiera el uso de las táser «en modo de contacto directo» por suponer «riesgo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes». En la misma, exigía la formación de los policías y que no se usara con menores, personas con discapacidad psíquica o que estén bajo los efectos de las drogas. Los términos en los que estaba redactada levantaron las quejas de los sindicatos policiales. Argumentaron que Podemos desconocía el trabajo policial, puesto que el protocolo de Policía ya recogía cuándo debían utilizarse: en «situaciones de extrema y urgente necesidad» y se prohibía además que se utilizaran con niños, embarazadas, personas de edad avanzada y «personas débiles de salud».

La pistola, con un uso eminentemente disuasorio, transmite impulsos eléctricos que afectan al funcionamiento de las capacidades motoras del organismo, enviando «impulsos eléctricos de alto voltaje, bajo amperaje y corta duración». Incapacita temporalmente el sistema nervioso sensorial y motor, pero eso no significa que cause la muerte. En el caso de Badalona lo dirá la autopsia.