El anuncio conjunto por parte de la canciller en funciones, Angela Merkel, y el canciller electo a la espera de la investidura, Olaf Scholz, imprimió ayer un aire de mayor legitimidad a las nuevas y polémicas restricciones. Estas suponen la exclusión de los no vacunados de los espacios públicos y muy posiblemente la vacuna obligatoria a partir de febrero. Los ciudadanos no inmunizados solo podrán reunirse con un máximo de cinco personas de dos núcleos familiares, sin contar a los menores de 14 años, un límite que seguirá vigente durante las fiestas navideñas. Además, quedan excluidos de cualquier espacio público cerrado y del acceso a comercios o servicios que no sean de primera necesidad.

«Son estándares mínimos»

Entre las nuevas medidas se incluyen restricciones de aforo en eventos públicos y en las escuelas volverá a ser obligatorio el uso de la mascarilla. En las actividades de ocio se aplicará la regla de las 2G, con acceso solo para vacunados o curados de la enfermedad, independientemente de las cifras de contagios, y se podrá pedir adicionalmente un test negativo. También en el comercio minorista regirá la regla de las 2 G, a excepción de los establecimientos de productos de primera necesidad. Los clubes y discotecas deberán cerrar a partir de una incidencia acumulada de 350 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en siete días y a partir de este mismo valor de referencia, el aforo de encuentros privados de personas vacunadas o curadas quedará reducido a 50 personas en interiores y 200 en exteriores. «Todas estas medidas son estándares mínimos», advirtió Merkel en su última intervención pública, recordando que los estados federados tienen libertad de imponer restricciones más estrictas y dando a entender que puede resultar muy necesario. Se trata, agregó de «un acto de solidaridad nacional» con el objetivo de reducir las cifras de contagios y la presión al sistema sanitario. A partir de ahora, además, la validez del pasaporte Covid se acortará a nueve meses después de haber completado la pauta completa, por lo que recibir una dosis de refuerzo a partir de ese lapsus pasa a ser una necesidad para acceder a la vida pública.

No ha quedado claro a partir de qué fecha entra en vigor la nueva normativa, porque se entiende que será necesario un periodo de transición. El Bundestag debatirá y decidirá sobre la obligatoriedad de la vacuna, que podría entrar en vigor a partir de febrero del año que viene, en una votación en la que se dejará decidir en conciencia a los diputados en un debate en el que se implicará a una comisión ética. Cabe recordar que en Alemania sigue habiendo un significativo rechazo a la vacuna incluso en ámbitos científicos. El jefe de la Comisión Permanente de Vacunación (Stiko), Thomas Mertens, dijo en un podcast de ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ que, «si yo tuviera un hijo de siete años no le pondría la vacuna», a pesar de que ya ha sido aprobada para este grupo de edad por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), alegando «falta de datos sobre la tolerabilidad real de la vacuna en el grupo». Mertens también considera injustificadas las restricciones como el cierre de colegios «y es cuestionable compensar eso ahora vacunando a los niños».

El futuro canciller Scholz, por su parte, calificó las medidas de «correctas y necesarias» y subrayó la importancia de ser «claros y precisos». Llamó además a la población a vacunarse y subrayó que las consecuencias de no hacerlo son visibles en Alemania. Aludió al «ambicioso objetivo» de administrar hasta final de año 30 millones de vacunas, un «gran desafío logístico», y se mostró convencido de que el Parlamento llegará a la convicción de la conveniencia de hacer obligatoria la vacuna.