Llamadas, mensajes y tarjetones. Javier Ortega Smith ha hecho caso omiso a todas las peticiones formales e informales enviadas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en los últimos tres meses para negociar los presupuestos de 2022. «Les hemos propuesto reuniones desde que empezamos a elaborar el borrador y la única respuesta que hemos obtenido ha sido un ‘que les vaya bonito’», lamentaba ayer la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, que solo ve un camino para evitar la prórroga: que Vox acceda al diálogo.

Quedan 28 días para que expire el plazo. Menos de un mes para obtener al menos cuatro votos a favor. De lo contrario, la capital está abocada a la prórroga presupuestaria. Un escenario que ya vivió la ciudad durante el mandato de Manuela Carmena y que, en esta ocasión, complicaría el acceso a los fondos europeos. «Están en juego 200 millones de euros», recalca la delegada.

De acuerdo con los datos expuestos por el Gobierno municipal, la capital ha optado a 55 proyectos cofinanciados por los fondos de resiliencia. Para acceder a ellos es un requisito imprescindible que sean ejecutados antes de que finalice 2023, de lo contrario, el Ayuntamiento se vería obligado a devolver el importe concedido. Por lo que si el plan no está presupuestado, esa partida no se concede. «Exigen que sean proyectos ya madurados, que estén contemplados en los presupuestos», recalca Hidalgo.

La reurbanización de la calle de Fuencarral, entre Hernán Cortes y Barceló; el derribo y transformación del puente de Pacífico; la remodelación del paseo del Prado; y la construcción del Área Intermodal Felipe II por un total de 25,5 millones de euros o la ampliación de Bicimad por 30 millones son algunas de las inversiones que decaerían automáticamente si no se llega a un acuerdo antes del 31 de diciembre. Otra de las consecuencias automáticas que implica la prórroga presupuestaria es la supresión de las subvenciones nominativas a entidades sociales. Para poder ponerlas en marcha, deben tramitarlas como ayudas directas, lo que retrasaría meses su activación. Tampoco se podría aplicar ‘de facto’ la rebaja del 58 millones a todos los recibos del IBI.

Complicaciones

El uso del remanente de tesorería –lo que sobra del presupuesto de este año– sólo es posible tras la liquidación del presupuesto, que nunca se produce antes de marzo. Y todos estos nuevos proyectos financiados con ese superávit deberán pasar por el pleno. Por lo que, insisten desde el consistorio, «no se podrían dotar hasta abril o mayo y su ejecución no se podría llevar a cabo hasta meses después». Esto afectaría a nuevas inversiones como la reforma de la Puerta del Sol, la construcción del primer tramo del carril bici de la Castellana o el soterramiento de la M-30 en la zona del Calderón.

Se da la paradoja de que mientras Isabel Díaz Ayuso se ha visto obligada a prorrogar sus presupuestos durante tres ejercicios ante la negativa de Vox y Martínez-Almeida pudo sacar adelante los suyos todos los años, ahora el escenario ha dado la vuelta. Rocío Monasterio ha rubricado unas cuentas regionales con el PP a cambio de modificar apenas un 0,2% del borrador (61 millones de euros de los 23.033 millones totales), mientras que en Cibeles rechazan sentarse a dialogar. Vox no perdona que en agosto el PP negociara con los cuatro ediles de Más Madrid escindidos para aprobar la ordenanza de Movilidad: «Han abierto la puerta a las políticas de Carmena», critican. Si se acerca fin de año, quizá, la opción de volver a apoyarse en el Grupo Mixto vuelva a ser una opción para el PP.