La Guardia Civil abre la puerta a imputar a la cúpula de la banda etarra de los años 90 por no frenar el crimen y dar instrucciones por escrito para atentar contra políticos del PP

Cuatro jerarcas de ETA tuvieron en sus manos impedir el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y no lo hicieron porque en 1997 la prioridad de la banda terrorista era cazar concejales del PP. Fue una operación articulada desde arriba, «no una decisión de ‘motu proprio’» de los tres etarras del comando Donosti que la ejecutaron para «forzar al Estado español a plegarse a sus exigencias».

Es la conclusión a la que llega la Guardia Civil en un informe aportado a la Audiencia Nacional que sustenta la tesis de que hubo una autoría intelectual del crimen que aún no ha rendido cuentas. Ya fuese dando la orden de manera directa, lo que se presume habida cuenta de la fuerte jerarquía dentro de ETA, ya fuese omitiendo su capacidad para impedir la barbarie. Este es, precisamente, uno de los delitos que persigue el juez Manuel García Castellón a partir de la querella sobre el asesinato de Blanco que impulsó la asociación de víctimas Dignidad y Justicia. El que castiga a quien haya creado «una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión».

A lo largo de 216 páginas y con miles de folios de documentación anexa, la Guardia Civil pone nombre a ese ‘quién’. José Javier Arizcuren, alias ‘Kantauri’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Ignacio Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’; y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’. Su trayectoria en la banda y la colección de sentencias que pesan sobre ellos acreditan que aquel julio de 1997 estaban al frente de ETA. Por eso, los investigadores consideran que «pudieron haber participado en la toma de la decisión de llevar a cabo la acción terrorista en su calidad de dirigentes con pleno dominio dentro de la banda». Y no tienen ninguna duda de que «hubieran podido impedirlo» porque «todos ellos tenían el pleno dominio» sobre el comando Donosti, que secuestró y asesinó a Blanco. No le hubieran hecho «a no ser que de antemano» la cúpula se lo indicase.

Conforme relata la Guardia Civil, «para el comité ejecutivo de ETA el hecho de atentar contra los políticos y concejales comenzó a ser un objetivo prioritario de la banda terrorista a partir de julio de 1993» cuando, tras «un meditado debate», decidió «atacar directamente a los representantes políticos». De ahí que el informe abra la puerta a imputar a estos mismos cuatro terroristas la autoría intelectual, si no la omisión de haber hecho algo al respecto, en todos los ataques a políticos en esa época. Kantauri ya fue condenado por ordenar los asesinatos del socialista Fernando Múgica (1996) y del popular Alberto Jiménez Becerril (1998). Otra causa investiga si hizo lo mismo con Gregorio Ordóñez (1995), también del PP. En todos esos casos de los años 90, como en las tentativas de asesinar al Rey, secuestrar a un edil del PP en Nerja o matar al consejero de Interior vasco Juan María Atutxa, la Guardia Civil evidencia un ‘modus operandi’. Y este pasa porque nada se mueve en ETA sin la cúpula. Hasta el punto de que «no existen casos de creación espontánea de comandos que actuasen independientemente». Se abre así la puerta a que respondan por más crímenes de la época.

Cartas y sentencias

En este contexto, adquieren valor dos cartas datadas «posiblemente» en julio de 1997 –la Guardia Civil no concreta la fecha– y septiembre del mismo año, intervenidas a Kantauri cuando cayó el comando Vizcaya y que reproduce ABC. En ambas, el que era jefe de los comandos ‘ilegales’ se dirige a los fieles con instrucciones claras: «Lo importante de dar directamente a los políticos y el tema de los secuestros», «dar a políticos del PP», dice la primera misiva, que habla ya de «concejales». De su puño y letra y en castellano, la segunda retoma este asunto: «Poner toda vuestra fuerza, ganas y militancia en levantar [secuestrar] un concejal del PP». A renglón seguido, propone aprovechar los funerales para disparar a políticos. La tesis de los investigadores es que la cúpula dio la orden de «cazar» concejales del PP a todos los comandos ‘ilegales’, pero sólo el Donosti, con Miguel Ángel Blanco, lo consiguió.

Pero para entender el informe de la Guardia Civil hay que considerar que hasta 35 sentencias firmes por delitos terroristas de ETA señalan órdenes de la dirección. La propia condena a los tres etarras que asesinaron a Blanco se expresa en esos términos. El primer atentado por encargo acreditado que repasa el informe fue el del empresario de la construcción José Legasa Ubiria y su hermano, en Irún, en 1978. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional concluyó que Henri Parot había recibido «órdenes» del entonces dirigente de ETA Domingo Iturbe Abasolo, ‘Txomin’. Pero hay más. La condena al comando Urola por la muerte de tres guardias civiles en 1979 reza que «realizaban acciones violentas siguiendo las directrices de la cúpula». Frase similar aparece en la condena por el asesinato en 1980 de Eugenio Lázaro Valle, jefe de la Policía Local de Vitoria, en la relativa al intento de matar en 1981 al periodista Gerardo Lluezo o en la que el tribunal firmó sobre el atentado en Villafranca de Ordicia (Gipúzcoa), que mató a un guardia civil, el secuestro de Diego Prado y Colón de Carvajal en Madrid en 1983... Así hasta 35. La jurisprudencia sobre ETA tiene denominador común: una organización perfectamente estructurada, donde cada uno tenía una misión, y se encontraba sometido a la disciplina y las órdenes que el ‘comité ejecutivo’ dictaba.

Además, este exhaustivo informe se apoya en muchas otras evidencias, como confesiones de etarras o documentos intervenidos en Francia y España. En ellos se acredita que Mikel Antza dirigía el ‘aparato político’ y de propaganda, además del frente de ‘makos’ (cárceles) para controlar a los presos de ETA. Anboto se encargó del ‘financiero’ para el cobro de extorsiones bajo el eufemismo del ‘impuesto revolucionario’ y de los comandos ‘legales’. Iñaki de Rentería tenía responsabilidades en los ‘aparatos militar y logístico’, amén de dirigir el comando Gohierri, que secuestró a Ortega Lara durante 532 días. Y Kantauri dirigía los comandos ‘ilegales’ o ponía en contacto a etarras que no se conocían desde el ‘aparato militar’.