Las cajas de recompensa que ofrecen mejoras para alcanzar un nivel extra, pasar de pantalla o retocar los atributos de un personaje virtual dentro de un videojuego a cambio de dinero están en el punto de mira del Ministerio de Consumo. La ley concreta que regulará las ‘loot boxes’ o ‘cajas de botín’ –que a día de hoy incorporan los videojuegos más populares del mercado– y contempla la prohibición del acceso a estos métodos de recompensa a los menores para evitar comportamientos ludópatas y el consumo compulsivo de estos mecanismos parecidos a los juegos de azar. Este veto a la entrada para aquellos usuarios que tengan menos de 18 años se realizará a través de una verificación documental como el DNI o herramientas de biometría.

Además, para los mayores de edad se introducirán opciones que limiten estos desembolsos adictivos. Las restricciones podrán ser parciales en el tiempo de juego y el importe máximo de gasto y totales, con un sistema de autoexclusión para aquellas personas con problemas de adicción que voluntariamente se vetan a sí mismos el acceso. Los operadores también quedarán sujetos a la obligación de dar información veraz sobre las probabilidades reales de obtener un premio.

La futura norma también prohíbe la publicidad en cartelería exterior o medios impresos de las ‘cajas de botín’. Por otro lado, se restringe la publicidad online, incluidas las redes sociales, en páginas no relacionadas con los videojuegos y en radio y televisión. Solo quedará libre de restricciones la franja de 1.00 a 5.00 horas de la madrugada para los anuncios que promocionen las ‘loot boxes’. Es decir, esta medida concreta será idéntica a la que aprobó hace más de un año el Gobierno con el fin de frenar las campañas publicitarias de las casas de apuestas digitales.

No obstante, desde Consumo puntualizan que en ningún caso se equipararán los videojuegos en general a los juegos de azar. Por ello, esta actividad de entretenimiento en las pantallas se podrá seguir desarrollando sin ningún tipo de restricciones y por cualquier usuario. También se establece una distinción entre videojuego y los denominados Mecanismos Aleatorios de Recompensa (MAR) o ‘loot boxes’. Estas medidas se desprenden del anteproyecto de ley, al que tuvo acceso ABC, y que ayer 1 de julio comenzó los trámites de audiencia pública. Fuentes de Consumo avanzan que los interesados podrán hacer aportaciones hasta el próximo día 23. Una vez que se valoren los añadidos realizados, la norma se aprobará en Consejo de Ministros para empezar el camino de tramitación en el Congreso como proyecto de ley.

Los mencionados mecanismos de recompensa en los juegos permiten ir encadenando retos a cambio de pagar con moneda virtual, como criptomonedas o las obtenidas en el propio juego, o con dinero real. Actualmente existen dos modelos: los cofres de recompensa que están dentro de los juegos en pantalla; y las páginas o plataformas de intercambio ajenas a estos juegos. Gracias a la compra de estos sobres, los jugadores pueden mejorar su rendimiento a cambio de pequeños pagos, que se van acumulando, y pueden suponer grandes desembolsos a la larga. Sin estos mecanismos, el entorno es mucho menos competitivo para los jugadores, que necesitarían muchas más horas para subir de nivel. A esto se une la opacidad que rige en estos cofres, donde los puntos se adjudican por sorteo, con lo que el usuario no sabe con antelación cómo será el premio.

Hasta tres millones de euros

La futura ley fijará un régimen sancionador con multas de hasta 25.000 euros por infracciones leves, y graves, con sanciones de 25.000 a 200.000 euros. En el caso de infracciones muy graves, las sanciones irán desde los 200.000 euros hasta los tres millones. También se contempla el cierre y clausura de los medios por los que se prestan los servicios o permiten la activación de estos mecanismos.

El fin de la norma, según aseguró el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a principios de junio, es «hacer la mejor ley posible para la protección del conjunto de los consumidores y de las personas que jugamos a los videojuegos» (reconoció). Garzón avanzó que España se convertirá en el primer país de Europa en disponer de «una ley específica» para regular las ‘loot boxes’ .

Aunque los planes del Ministerio de Consumo no eran ningún secreto, la

industria del videojuego español ha recibido el borrador de la normativa con pesadumbre y ya prepara alegaciones, que serán presentadas próximamente a nivel nacional y europeo. El sector lamenta, especialmente, el daño que la regulación de las ‘loot boxes’ puede provocar a la imagen del videojuego entre la ciudadanía. «Esperamos que esa comparación con el juego de azar nos cause un gran perjuicio reputacional y de imagen», explica en conversación con ABC José María Moreno, director de AEVI, patronal que engloba en España a las grandes empresas de la industria, como PlayStation, Xbox, Electronic Arts, Activision o Nintendo.

El directivo destaca que la futura ley de Consumo busca «romper la dinámica reguladora que hay a nivel europeo y puede suponer una fragmentación del mercado de videojuegos». «Los más perjudicados van a ser las empresas internacionales que distribuyen videojuegos en España y las locales, que no son pocas. Es posible que ocasione, además, que los usuarios españoles dejen de tener acceso a determinados títulos. Un videojuego se hace para todos los usuarios, adaptarlo a las peculiaridades de un mercado es muy complicado. Si la única excepción somos nosotros, no tengo claro que algunas propuestas puedan seguir llegando al país», remarca Moreno.