La Conferencia de Rectores (CRUE) se pronunció finalmente sobre la nueva ley de Universidades (LOSU) diez días después de su aprobación en Consejo de Ministros. La asociación integrada por 76 universidades públicas y privadas criticó la ‘medida estrella’ de la norma del ministro Joan Subirats, adelantada por ABC, que pretende hacer indefinidos a 25.000 profesores asociados, es decir, aquellos que trabajan en los campus entre tres y seis horas a la semana.

Así lo hizo saber la CRUE en un comunicado en el que señalan que en lo que respecta al profesorado, «valoran la apuesta por la reducción de la temporalidad y precariedad», pero matizan que dicha reducción, que es del 8 por ciento de acuerdo a lo que marca la propia norma, «no debe afectar al profesorado asociado». Agregan que «la reducción del encargo docente en ciertas figuras debe ir acompañada de una fórmula de financiación que compense la necesidad de una mayor contratación». En este sentido, aseguran que «habría que tener en cuenta en los costes de personal las indemnizaciones por despido de quienes tienen contratos indefinidos cuando terminen las condiciones para su contratación».

Respecto a la elección de rector, CRUE insiste en que «debería concederse a las universidades más libertad para decidir sobre su proceso, procedimiento y requisitos». Creen que la propia ley debería establecer que el rector cuente «con méritos científicos y académicos relevantes que aseguren capacidad y protejan la responsabilidad del cargo del conflicto de intereses». Otra de las críticas que hacen es que «el procedimiento de selección de miembros externos a la comunidad universitaria en el órgano de gobierno, y en especial en el consejo social, debería producirse en términos similares a los de las universidades de la UE, donde estas proponen una parte relevante de los mismos».

No se pronunciaron, pese a que fue una de las ‘conquistas’ de los rectores, sobre la eliminación de la participación «vinculante» del estudiantado en los planes de estudio y guías docentes. Ahora, el redactado dice que «deberá garantizarse la plena y efectiva participación» de los alumnos «en la elaboración, seguimiento y actualización de los planes de estudio y sus efectos en las guías docentes».

Financiación del 1% del PIB

En cuanto a la parte positiva de la norma, los rectores resaltan que establece «por primera vez el incremento de la financiación pública hasta al menos el 1% del PIB». Agregan que «es importante que se preste una mayor atención a la I+D» y elogian que la ley incluya la propuesta de que el mandato de rector sea único y de seis años improrrogables y que se plantee una nueva carrera académica. Recalcan las menciones a la formación permanente y a la ciencia abierta y «el refuerzo de la autonomía universitaria».