La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, y su homóloga en Más Madrid, Rita Maestre, han felicitado a los vecinos de Arganzuela «que no se han rendido» ante la cocina industrial de la calle Alejandro Ferrant, 8, junto al CEIP Miguel de Unamuno, y que han «dado una lección política a un equipo de gobierno que no está sabiendo estar a la altura de esta ciudad».

Ambas líderes reaccionaban así a una información de ‘Público’, que apunta a que «Glovo comunica que cerrará la cocina fantasma de Arganzuela colocada al lado de un colegio». «Las luchas vecinales a veces recogen sus frutos aunque tarden mucho pero necesitamos a un alcalde que piense en los vecinos y no lo tenemos», declaró la edil socialista. Espinar le pidió al regidor, José Luis Martínez-Almeida, «que gestione esta ciudad dando voz a los vecinos, que sepa cuáles son los problemas, que no solo está creando sino que además no está solucionando».

En la misma línea se manifestó Maestre, que recordó que tanto los vecinos como los empleados decían que «era insoportable». «La empresa decide cerrar la cocina, pero si fuera por el Gobierno de Almeida seguirían ahí siempre, a pesar de la salud de los vecinos y vecinas», expresó.

Recurso en marcha

En el pleno celebrado esta misma semana, el Gobierno municipal ratificó que no retiraría el recurso a la sentencia que anula la licencia de la cocina industrial en Arganzuela, en el número 8 de calle Alejandro Ferrant, en Arganzuela, junto al CEIP Miguel de Unamuno. La situación llegó a Cibeles después de que Más Madrid y PSOE plantearan asumir el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que anuló la licencia concedida después de la iniciativa presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro educativo.

El consistorio decidió recurrir siguiendo el consejo de los servicios jurídicos, recordó el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, que no negaba «los problemas de convivencia y ciertas molestias al vecindario». «Presentamos el recurso porque lo aconsejan los servicios jurídicos y lo contrario sería prevaricar», subrayaba. No obstante, se comprometieron a revisar la licencia.