HACE una semana, el Gobierno reaccionaba de modo furibundo contra la decisión del presidente de la Junta andaluza de eliminar el impuesto de patrimonio. El argumento era que el PP incurría en un ‘dumping fiscal’ insolidario con otras comunidades, que solo era un gesto hacia los ‘ricos’ frente a ‘la clase media trabajadora y a las rentas bajas’, y que desprotegería los servicios públicos. Ese, y el de que era imprescindible subir impuestos y no bajarlos, fue el discurso oficial de La Moncloa, y fue liderado incluso por el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, el socialista más combativo contra la autonomía fiscal de las comunidades. Sin embargo, fue precisamente Puig, en apenas tres días, el primero en descolgarse de la doctrina oficial de su partido para anunciar que también bajará impuestos a las rentas inferiores a 60.000 euros. Y todo ello, improvisando una decisión que La Moncloa desconocía. El episodio reabrió en cuestión de horas una guerra fiscal en pleno año electoral, y han emergido más autonomías socialistas que se han planteado actuar por libre deflactando el IRPF sin someterse a las instrucciones de Pedro Sánchez. Tan caótica ha sido la pérdida de iniciativa del Gobierno en esta ‘guerra fiscal’, y tan contradictorio está siendo su discurso, que ayer la propia ministra de Hacienda tuvo que sugerir que, en efecto, hasta La Moncloa se plantea ya rebajas fiscales para tratar de combatir el éxito de un debate que el PP ha abierto a tiempo y con inteligencia. Alberto Núñez Feijóo ha acertado al plantear medidas razonables que el PSOE no ha tenido más remedio que asumir, con lo que ha conseguido desmontar el discurso socialista, y a la vez conectar con un sentimiento de aceptación mayoritario en la calle.

En el fondo, reducir impuestos de manera selectiva sería una buena medida para los ciudadanos en estos momentos de crisis. Sin embargo, lo que guía al Gobierno no es rectificar para asumir al fin un alivio a los bolsillos, sino la progresiva pérdida de perspectivas electorales y el miedo a las urnas. Más que un giro confuso, lo del Gobierno es una pirueta sobreactuada, y lo que menos cuadra es la incongruencia de un discurso según el cual si la izquierda baja los impuestos es para ayudar a las rentas más bajas, y si lo hace el PP es para premiar a las élites adineradas y dañar a los servicios públicos. Si el Gobierno rectifica, acertará. Pero su plan original sigue siendo, a día de hoy, subírselo a todos los españoles, aunque sea de modo directo a las rentas altas, y de modo indirecto al resto. Eso y no otra cosa es lo que está ocurriendo objetivamente con la inflación, y con los 25.000 millones extra de recaudación que ha obtenido hasta ahora con el encarecimiento de los precios. En lugar de actuar pensando en las apreturas del ciudadano, el Ejecutivo lo hace para aplacar los conatos de rebeldía en autonomías socialistas.

Y si no quiere bajar impuestos, tiene alternativas. Por ejemplo, reduciendo el gasto público, ya que recortar es fácil en un Gobierno de estructura tan mastodóntica. En su retórica fiscal, La Moncloa también hace oídos sordos a una evidencia: en la práctica, las rentas auténticamente altas tributan a través del impuesto de sociedades; y la reducción real que pueda acordar ahora en el IRPF de las rentas más bajas quedará al final en cantidades tan simbólicas que ni siquiera la propaganda le será de mucha utilidad al PSOE. La prueba es que Hacienda ni siquiera aclaró ayer la letra pequeña de su idea. Al menos Puig, aunque sea por temor a las urnas, habló de ingresos inferiores a 60.000 euros. A Sánchez, muy descolocado, aún no le ha dado tiempo a improvisar tanto.