No se ha llevado a cabo un «control de legalidad básico». Es el argumento principal que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, investigado desde el pasado mes de junio por la justicia andorrana tras una querella sobre la operación Cataluña, ha esgrimido en un recurso de queja ante la Audiencia Provincial de Madrid, según revelan fuentes jurídicas a ABC. La razón, que el juzgado madrileño encargado de gestionar la comisión rogatoria que envió el Principado le dio cauce sin más trámite y le notificó su imputación. Ni siquiera comprobó si la juez que la emitía tenía competencias.

Para la defensa del expresidente, el juzgado quebró el «control de legalidad», pues tendría que haber analizado antes, además de la competencia, si Rajoy como presidente del Gobierno gozaba de «inmunidad» frente a la querella. Afeaba además a la jueza que no hubiese recabado la opinión de la Fiscalía antes de cursar la rogatoria.

No obstante, estos argumentos no sirvieron al juzgado de instrucción, que inadmitió el recurso. La defensa de Rajoy ha acudido a la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra. Y no está solo. Han seguido los mismos pasos y con los mismos argumentos las defensas de los también querellados en Andorra Jorge Fernández Díaz, exministro de Interior, y Cristóbal Montoro, que fue titular de Hacienda. Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, libra la guerra por su cuenta. Ha acudido a litigar al Principado mientras para el resto, el primer partido se juega en España, según las diversas fuentes consultadas.

«Sin base legal»

Tanto Rajoy como sus exministros cuentan con el apoyo de la Fiscalía Provincial de Madrid, que se ha sumado a los escritos de queja enviados a la Audiencia Provincial. En un informe al que tuvo tenido acceso ABC, el Ministerio Público concluye que la decisión del juzgado de inadmitir sus recursos es «improcedente» y vulnera el «derecho de defensa» y los «principios constitucionales».

Argumenta la fiscal que «no hay motivo ni base legal» para inadmitir las reclamaciones. Y más, teniendo en cuenta que la solicitud de la autoridad judicial andorrana «no es una simple notificación sino también un requerimiento», conforme sostiene.

Fue el Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) y la entidad de Juristes Drets quienes solicitaron la imputación de Rajoy, Montoro y Fernández Díaz en la causa abierta en Andorra por supuestas maniobras de la denominada ‘policía política’ para que se interviniera en marzo de 2015 la Banca Privada d’ Andorra, como represalia por no haber facilitado datos de líderes independentistas en el contexto de la operación Cataluña.