La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió ayer el diálogo con los sindicatos de la Función Pública para negociar una senda retributiva para los empleados públicos que englobe los próximos dos años, además de una compensación para este ejercicio por la espiral inflacionista. La oferta que el Gobierno puso encima de la mesa queda lejos de las pretensiones sindicales e incluye un alza del 1,5% con carácter retroactivo para este año que se suma al 2% que se aplicó en enero –3,5% en total para 2022–. Para 2023 ofrece un 2,5% y un 2% para 2024.

Junto a la oferta salarial, Hacienda ha propuesto mejoras para la promoción interna, la movilidad y el acceso al empleo, así como implantar de manera definitiva la jornada laboral de 35 horas. Un paquete con el que intenta arrancar un acuerdo contra reloj para incluir en los Presupuestos para 2023, que el Gobierno tiene intención de aprobar el próximo martes para que las cuentas públicas vean luz verde en los primeros días del mes de octubre. El margen negociador es, por tanto, muy estrecho y para facilitarlo Hacienda estaría dispuesta a mejorar la oferta en una nueva reunión que mantendrá hoy con las centrales sindicales.

El planteamiento salarial de Hacienda se produce después de la gran protesta convocada en Madrid por CSIF, el sindicato más representativo en la Administración, que ayer consideró positivo el primer encuentro con el Ejecutivo, si bien tildó la propuesta de «insuficiente», según su presidente Miguel Borra. Estas mismas sensaciones dejó la reunión en UGT y CC.OO. que pese a valorar el esfuerzo realizado por el Ejecutivo también consideraron que la oferta se queda corta, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que se prevé por la escalada de la inflación, ahora por encima del 10%.

Tras el rechazo sindical las partes volverán hoy a verse las caras y no es descartable que el Gobierno presente una nueva oferta que mejore la anterior, al objeto de cerrar hoy mismo un pacto salarial para los próximos dos ejercicios y la compensación para 2022.

Desde hace casi un año, el sindicato que dirige Miguel Borra ha reclamado a la ministra de Hacienda un encuentro para comenzar a negociar una subida de sueldos para los empleados públicos que compense la pérdida de poder adquisitivo y el impacto de la espiral inflacionista en el bolsillo de los trabajadores. Sin embargo, Montero ha mantenido bloqueadas las negociaciones, lo que llevó al sindicato a enviar el una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de julio para que mediara y desbloqueará el diálogo.

A última hora del pasado jueves, la ministra citaba a CSIF a un encuentro junto a los otros sindicatos para comenzar a negociar la subida salarial que se incluirá en los Presupuestos. La convocatoria se producía a las puertas de que la central de funcionarios se manifestara por las calles de Madrid. El sindicato exige un alza de sueldos este mismo año, con carácter retroactivo, que compense la pérdida de poder adquisitivo de los más de tres millones de empleados públicos. Además, ha planteado un plan a varios años para recuperar de forma paulatina el 20% del poder de compra perdido desde 2010, año en el que el Ejecutivo de Zapatero rebajó el sueldo de los funcionarios a las puertas de la crisis financiera. «Hemos doblado el brazo al Gobierno tras la manifestación del 24 de septiembre y ha accedido a compensar este mismo año la pérdida de poder adquisitivo, aunque las cifras que nos plantean son muy insuficientes», dijo Miguel Borra.

Con todo, a expensas de certificarse la senda de subida que finalmente se pactará con los sindicatos parece claro que el nuevo incremento añadirá más presión si cabe al gasto público. Solo el aumento del 3,5% anunciado como parte de la propuesta que el Gobierno entregará a los representantes de los trabajadores del sector público como parte de la actualización plurianual ascendería a los 5.250 millones de euros extra en el conjunto de este año.

Cabe recordar que a comienzos de

El Gobierno y los sindicatos volverán a reunirse hoy en la cuenta atrás para cerrar un pacto antes del martes, cuando se aprobará el Presupuesto

Solo la subida del 3,5% total de este año supondrá un coste de 5.250 millones de euros para las arcas

año Hacienda ya aplicó una revalorización del 2%, con un coste aproximado para las arcas pública de 3.000 millones. Es decir, el 1,5% extra le añadirá 2.250 millones a la factura de 2022. Ya en el próximo año, el incremento del 2,5% para 2023 supondría un coste adicional sobre la ya mastodóntica factura en nóminas dependientes de los diferentes niveles de la Administración de 3.750 millones y el 2% de 2024 añadiría otros 3.000 millones de gasto. En suma el trienio, con la subida agregada del 8%, le costará al Estado unos 12.000 millones de euros.

El objetivo número uno del Gobierno en estos momentos es contener la escalada de los precios, y ha centrado el tiro en los sueldos para evitar lo que los economistas llaman los efectos de segunda ronda. Al sector privado le reclama un pacto de rentas, lo mismo que ofrece a los funcionarios, a los que niega la exigencia sindical de que sus nóminas se acompasen a la inflación. Caso contrario de lo que hará con los pen

sionistas, con los que mantiene el compromiso legal de subir sus rentas con la inflación, aunque sea en un contexto en el que los precios ya crecen por encima del 10% y la medida es rechazada por organismos como el Banco de España y por el grueso de los economistas.

Las pensiones, con el IPC

Economistas y casas de análisis estiman que la inflación concluirá el ejercicio entre el 8% y el 9%, lo que ya anticipa una factura millonaria para compensar a los jubilados, que puede elevarse por encima de los 17.000 millones, a lo que se suma el desembolso para subir las pensiones mínimas un 15% o la mejoras aprobadas para el ingreso mínimo. Este conjunto de gasto se va a producir en un contexto en el que está en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones. Tal y como avanzó ABC, los ‘hombres de negro’ cuestionaron, en su reciente visita a España, la reforma del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le comunicaron que no garantiza la sostenibilidad y reclamaron mecanismos de ajuste automático.

Mientras se negocian los sueldos públicos, la negociación de los salarios de convenio sigue atascada. Ayer los sindicatos reclamaron un alza del 4,5% a la patronal, cifra que queda lejos de la última propuesta de la CEOE. La oferta de la organización que dirige Antonio Garamendi era de un alza de sueldos del 8% distribuida en tres años, que sería gestionada por las empresas según su situación económica (2,5% en 2022, 2% en 2023 y 1,5% en 2024).