El Ministerio de Educación aprobará previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros un real decreto con el que va a integrar al cuerpo de profesores técnicos de Formación Profesional, a extinguir, al cuerpo de docentes de enseñanza secundaria.

Para que se produzca la integración de los 27.195 profesores técnicos de FP que existen actualmente en todo el país el Gobierno prevé que las administraciones educativas realicen una convocatoria pública que según se desprende del real decreto al que ha accedido ABC no tiene el carácter de oposición. Para poder presentarse a esta convocatoria los profesores técnicos de FP «deberán poder acreditar estar en posesión de la titulación de grado universitario, licenciado, ingeniero y arquitecto, o equivalente a efectos de acceso a la función pública docente».

El Gobierno, al facilitar la promoción sin oposición de profesores «consolida la desigualdad y abre un precedente peligroso en el mundo educativo», critican fuentes académicas que prefieren no desvelar su identidad.

«Chapuza de la ‘ley Celaá’»

«Se habla de que no hace falta la oposición porque se trata de una fusión de cuerpos o porque los profesores ya son funcionarios. Sin embargo, una fusión de cuerpos es lo que se hizo con la ley de 1984 de medidas para la reforma de función pública entre cuerpos con similares oposiciones y titulaciones; lo que se hace aquí, sin embargo, es habilitar un proceso de integración para que funcionarios de un grupo inferior (A2) pasen a ser funcionarios de uno superior (A1) sin haber hecho las mismas oposiciones. En resumen, se nivela para abajo», agregan otras fuentes académicas.

De hecho, otros van más allá en la crítica y consideran que si para hacer la convocatoria tienen que tener un título habría que pagarle un complemento a los que se integran pero no gozan de dicho título.

Es el caso de CC.OO. Paco García, secretario general de Enseñanza de este sindicato, dice que «la integración de técnicos de FP al cuerpo de profesores de Secundaria era una demanda de su sindicato de hace mucho tiempo y del propio profesorado. Sin embargo, consideramos que el decreto es insuficiente porque los que no tienen titulación deberían cobrar un complemento retributivo equiparador y eso no se ha resuelto aún».

El sindicato CSIF también critica la norma pero, al igual que CC.OO., no lo hace por la falta de la oposición, sino por considerarla una «chapuza más de la ‘ley Celaá’», dice Mario Gutiérrez, presidente de CSIF Educación. «El real decreto llega tarde, lo que es una muestra de una legislación fuera de principios profesionales. También pone de manifiesto que se debe buscar una forma global de mirar la función docente y no con un ‘remiendo tras remiendo’ como se está haciendo. Debe aprobarse un estatuto para unir a todos, dignificar la labor docente y prestigiar la profesión», agrega Gutiérrez.

Cien millones como hipótesis

Pero las que parecen más disgustadas son las comunidades autónomas. Y no solo las del PP. ¿Por qué? La citada memoria del decreto prevé que para «un total del 90% de funcionarios a integrar, considerando que el 10% del total no cumplen los requisitos de integración, el impacto presupuestario estimado, para el conjunto de las administraciones, sería de 50.043.096 euros para 2021 y de 51.044.144 euros para 2022».

El ministerio aclara que es una «hipótesis de trabajo» porque el impacto presupuestario final «vendrá derivado del número total de profesorado que cumpla las condiciones para su integración con efectos de 19 de enero de 2021, así como del número previsible de profesores que estén en condiciones de cumplirlo antes del 19 de enero de 2026, fecha en la que finaliza el periodo transitorio para el acceso». Esto no ha sido un aliciente para las autonomías. Andalucía, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Galicia, Murcia, han planteado su preocupación respecto al dinero que cuesta poner en marcha la normativa y cuál será el papel del Estado en ese sentido.

Concretamente, Andalucía, Galicia, Asturias, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña han planteado «dudas» o «preocupación» respecto a la financiación que requiere la ejecución del proyecto normativo. A lo que el ministerio les ha respondido que «los servicios educativos prestados por las comunidades son financiados de acuerdo con el mecanismo de financiación de las mismas».

«Lealtad institucional»

Madrid y Castilla y León fueron más allá y señalaron que por «lealtad institucional», el Gobierno debería ofrecer a las comunidades la dotación presupuestaría necesaria para asumir los gastos derivados de la iniciativa.

Pero redactado de una forma u otra también Galicia, Cantabria, Andalucía y Murcia han pedido dinero. «En el ámbito educativo los ministerios se han abonado al ‘yo invito y las comunidades pagan’. Lo hace la ‘ley Celaá’, la ley de Universidades y lo hace este decreto. La estimación de impacto presupuestario en todas ellas es mejorable», señala Jorge Sainz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos. Este real decreto viene a dar cumplimiento a lo que establece la nueva ley educativa, la Lomloe, más conocida como ‘ley Celaá’. ¿Pero por qué se extingue el cuerpo de profesores de FP? La memoria de impacto normativo del real decreto, a la que también ha accedido ABC, señala que «se ha puesto de manifiesto la inadecuación de la estructura del profesorado que presta el servicio educativo en el ámbito de la formación profesional, que derivaba de la ley de 1990 (de Ordenación General del Sistema Educativo) a la realidad actual de estas enseñanzas».

«Funcionarios de un grupo inferior pasarán a uno superior sin hacer las mismas oposiciones. Se nivela para abajo»

«El real decreto llega tarde, lo que es una muestra de una legislación que está fuera de principios profesionales»