Un nuevo fantasma sobrevuela el Ministerio de Cultura, y esta vez no tiene nada que ver con la leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas, sino con el amianto. En 2020, el departamento que entonces dirigía José Manuel Rodríguez Uribes, recién estrenado en el cargo, tuvo conocimiento de que las seis plantas y un sótano del edificio anexo al de las Siete Chimeneas, construido en el solar del antiguo Teatro Circo Price, presentaban restos de esta sustancia tóxica, muy utilizada en las construcciones de los años 70 y 90, y cuyo deterioro puede producir enfermedades respiratorias e incluso tumores. En estos dos años y medio, el ministerio solo ha procedido al desamiantado de la quinta planta, donde se ha trasladado el despacho del ministro y el de su gabinete.

«El traslado de estos despachos de la segunda planta a la quinta supuso que se eliminara el servicio de cafetería/restaurante, que tenía unos precios más bajos que los de los restaurantes del entorno de Plaza del Rey, que además suelen estar llenos», critica Emilio Murcia, responsable de Prevención estatal del sindicato CC.OO. en los Ministerios de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. En esa quinta planta se encuentran los despachos del ministro de Cultura, Miquel Iceta, y del secretario general, Víctor Francos; también las oficinas de sus gabinetes y el de comunicación. El tercero en el escalafón, el subsecretario Eduardo Palomares, tiene su despacho en las Siete Chimeneas, un edificio libre de amianto.

Cuando en el segundo semestre de 2021 –Iceta llegó en julio de ese año– se retomó el trabajo presencial, superadas las restricciones más duras de la pandemia, los funcionarios se encontraron con que la antigua cafetería había sido sustituida por una pequeña sala, sin servicio de comedor, con un frigorífico, un microondas, un fregadero y unas pocas mesas. En octubre, los trabajadores iniciaron una recogida de firmas para que se restableciera el servicio que había antes del Covid y se quejaron de que el espacio habilitado para comer era insuficiente. No sirvió de nada.

Murcia, de CC.OO., lamenta además que la información proporcionada sobre la presencia de restos de amianto en las placas ubicadas en las zonas de ventanas y acristalamiento es insuficiente. Aunque los informes remitidos por Cultura señalan que la exposición a la que están sometidos los alrededor de 200-300 trabajadores que acuden a diario a la sede central está por debajo de los límites considerados nocivos, CC.OO. entiende que «no se le está dando la importancia suficiente». Una empresa contratada por el ministerio recuerda que estar por debajo del valor límite no garantiza la protección de la salud de los trabajadores, pues aún no se ha podido determinar el nivel por debajo del cual la exposición al amianto no entraña ningún riesgo de cáncer.

El ministerio, en cambio, asegura que las placas de amianto localizadas en las zonas acristaladas exteriores no son «visibles ni accesibles, salvo para operaciones de mantenimiento que pudieran requerirse y solo a través del personal especializado; es decir, fuera de peligro para los trabajadores del edificio». Y añade, en respuesta a la llamada de este diario, que «a pesar del buen estado de conservación de las placas [...] se realizan de forma regular tomas de muestras con mediciones de calidad del aire». Concretamente, cada quince días.

Según ha podido confirmar este diario a través de documentos publicados en la plataforma de contratación del sector pública, fue en marzo de 2020 cuando el ministerio fue informado de que en el edificio había instaladas unas placas de aislamiento con «crisolito, principal componente del amianto». Antes, en febrero, se habían acometido unas obras en la segunda planta –donde se encontraban los despachos del ministro y del subsecretario– por unas fisuras en los techos que indicaban «la existencia de un peligro inminente de colapso» y «el grave e inminente riesgo de seguridad para las personas y bienes». También se reformaron los techos de escayola de la quinta planta, que acogía las «salas de reuniones protocolarias del departamento con acceso habitual de autoridades».

Obras urgentes

Durante ese proceso, Cultura confirmó que había amianto «en todas las plantas, en las zonas acristaladas del edificio principal de Plaza del Rey 1, tanto en lo que respecta a la fachada de Plaza del Rey, rampa de garaje y C/ Colmenares, [...] ubicándose sobre el falso techo de las ventanas sin ser visibles ni accesibles, salvo para operaciones de mantenimiento que pudieran requerirse y solo a través del personal especializado». Cultura tramitó por la vía de urgencia dos contratos, uno de 502.464 euros y otro de 164.640 euros, para ejecutar unas obras de emergencia y acometer de manera periódica controles de calidad del aire mediante mediciones ambientales.

Las obras para retirar las placas de amianto de la quinta planta se llevaron a cabo en julio de 2020. Se retiraron 54 metros cuadrados de placas tóxicas. Varios departamentos de la planta segunda, en cambio, siguen hoy levantadas. Un cartel colgado en el ministerio informa de que «con fecha de 28 de junio de 2022 se ha procedido a solicitar licencia para las obras de acondicionamiento de la planta 2ª del edificio sede

Una empresa especializada recuerda que estar por debajo del valor límite no garantiza la protección de la salud de los trabajadores

central en la Plaza del Rey, 1, de Madrid». Los estudios realizados durante ese año ratificaron la existencia de ese material en todas las plantas y un sótano con valores que rondan los 0,005 fibras por centímetro cúbico, por debajo del 0,1 que se considera nocivo para la salud.

La Subsecretaría de Cultura y Deporte licitó en 2021 y el pasado mes de mayo dos contratos más, de 78.000 y 390.000 euros, para seguir realizando muestreos periódicos «estando prevista la ejecución de unas obras que incluirán, entre otras actuaciones, que se proceda de forma progresiva a la retirada de las placas de amianto». El último fue adjudicado hace siete días. Estos estudios han seguido dando valores similares a los iniciales. Pero, para evitar riesgos innecesarios, CC.OO. propone aprovechar el plan de ahorro de energía y volver al teletrabajo generalizado mientras se resuelve este problema. Si no, advierte el sindicato, habrá movilizaciones.

Edificio del IPCE

El principal riesgo del amianto, un material prohibido desde 2001 en España, se produce cuando las partículas se desprenden de los materiales, por ruptura o deterioro, y se quedan en el ambiente. La inhalación de estas sustancias puede provocar enfermedades respiratorias o tumores. Hace unos meses, CC.OO. denunció también que la cubierta del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), dependiente de Cultura, tenía fibras de amianto, pero desde el sindicato aclaran que este problema está en vías de solucionarse y cuentan con que las obras comiencen a finales de 2023 o principios de 2024.