TRÁFICO. Modificación en materia de imprudencia en la conducción. ‘SOLO SÍ ES SÍ’. La agresión sexual absorbe el abuso y rebaja las penas. HURTO. Agravación del delito por reiteración. DELITOS DE ODIO. Se modifican las agravantes en la tipicidad de odio y humillación.

FISCALÍA EUROPEA. Creación de la Fiscalía Europea. INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Se incorpora la lucha contra abusos sexuales y pornografía infantil. BLANQUEO. Directiva europea de lucha contra el blanqueo. PIQUETES. Se despenaliza la coacción a otras personas. EUTANASIA. Se legaliza e introduce la prestación de ayuda a morir. DISCAPACIDAD. Erradicación de la esterilización forzada. EN TRAMITACIÓN: trata de seres humanos, maltrato animal, proxenetismo, fraude y falsificación, libertad de expresión, la Corona y ... SEDICIÓN. Abolición del delito en el Código Penal Juristas denuncian que el «manoseo» del Código por el efecto «telediario», con hasta 17 cambios, repercute en la seguridad jurídica, unidad y cohesión del sistema

Solapamientos, concurrencias, incidencias o interferencias con otros artículos o leyes aprobadas o en tramitación; reproches por no haber aprovechado algunas modificaciones para reformar en profundidad determinados tipos penales; advertencias del riesgo que supone para la seguridad jurídica dejar en manos de la interpretación jurisprudencial la relación entre preceptos... Son solo algunas de las deficiencias que los órganos consultivos han detectado en reformas penales como la del ‘solo sí es sí’ o algo más recientemente la del maltrato animal.

Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial llevan tiempo advirtiendo en sus informes de la más que mejorable técnica normativa en los textos que parten de los partidos que sustentan al Gobierno y de la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, algo a lo que, en opinión de los expertos consultados por ABC, no ayudan los continuos retoques que se están haciendo «a salto de mata» en el Código Penal. Se están comprometiendo principios como el de proporcionalidad y provocando paradojas como la denunciada por el CGPJ de castigar más las lesiones infligidas a un animal que a una persona o que maltratar a un animal para incrementar el dolor de la pareja merezca mayor castigo que el maltrato habitual a la propia pareja, advierten.

A ello se une que la incidencia del Código Penal en el día a día de la sociedad convierte estas reformas parciales en una herramienta especialmente sensible para impulsar estrategias de ingeniería social.

Solo en la actual legislatura se han tramitado o están en tramitación diecisiete iniciativas legislativas que han supuesto (y suponen) reformas parciales del Código Penal. Diez de ellas ya han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Algunas, las menos, están motivadas por directivas y reglamentos europeos que España tiene obligación de acatar.

Fuentes parlamentarias advierten de que «se está perdiendo el modelo, la coherencia y la proporcionalidad» que se tuvieron en cuenta en 1995 e incluso en reformas posteriores que se llevaron a cabo por bloques completos o tipos de delitos. Sostienen que debería huirse de las «reformas cápsula» que normalmente parten de la presión de colectivos sobre los grupos políticos a partir de casos concretos. Las reformas tienen que estudiarse en profundidad, apuntan esas fuentes, porque «legislar en caliente suele conducir a malos resultados y una cosa es la técnica jurídica y otra lo que pedimos como personas a las que nos duele un tema particular respecto al que no nos sentimos recompensados por la justicia», señalan.

«El manoseo constante del Código Penal como forma de hacer política ha de evitarse, merece una reflexión seria y un compromiso firme, y hay que hacer pedagogía en la sociedad sobre esto», señala María Jesús Moro, diputada y secretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular. A su juicio, la manera de afrontar los cambios normativos en general y, en particular en el Código Penal, son mal vistos también en el plano internacional.

La incidencia de estas reformas parciales en la sociedad las convierte en la herramienta ideal para impulsar estrategias de ingeniería social

Se está comprometiendo la proporcionalidad de las penas y valores que hasta ahora estaban jerarquizados

«No son propios de democracias consolidadas y de calidad y dan imagen de inseguridad», apunta Moro.

A su juicio, el problema respecto al Código Penal en estos momentos es de «incoherencia y falta de proporcionalidad y equilibrio en el tratamiento de las penas y de los delitos. Se abordan como compartimentos estancos y eso provoca efectos como el que estamos viendo de la reforma propuesta del maltrato animal y de las agresiones sexuales» cuya aplicación está obligando a revisar a la baja las condenas por delitos sexuales.

Una «profesión de fe»

Comparte esta opinión el catedrático de Derecho Constitucional Carlos Flores. «Si cualquier norma jurídica debe guardar una mínima coherencia interna, en el caso del Código Penal esa exigencia es si cabe más necesaria», sostiene. Recuerda este jurista que el Código Penal no es esa «mera sucesión de delitos y de penas, sino una suerte de profesión de fe en los valores que profesa una sociedad, en los que estos se ordenan y jerarquizan. Una sociedad que –pongamos por caso– valora más la vida que la propiedad, castigará más los delitos contra aquélla que los delitos contra ésta».

Esa coherencia interna y el principio de proporcionalidad de las penas, «es relativamente sencilla de lograr cuando el Código Penal se elabora en un solo acto», advierte. Sin embargo, se resiente cuando sobre él se proyecta una interminable sucesión de enmiendas, fruto de mayorías distintas y de coyunturas cambiantes, que es lo que está sucediendo en estos momentos. «Que se desee penar el maltrato a los animales resulta perfectamente lícito, pero que se acabe haciéndolo con más gravedad que el maltrato a las personas carece de toda lógica y –sobre todo– entra en colisión con la escala de valores que (aún) tiene una sociedad como la nuestra».

Por su parte, el catedrático y abogado Luis Rodríguez Ramos sostiene que reformar el Código Penal «a impulsos del telediario, con reacciones metabólicas irreflexivas, obviando la opinión que los que saben del asunto y huyendo hacia el Derecho penal atropelladamente, es una praxis populista que consiste en aparentar que se resuelven problemas complejos con esa simple y precipitada huida».

A su juicio, estas reacciones «pueriles, propias de la ignorancia o de alucinaciones derivadas del opio ideológico», olvidan que el Código penal es la última ratio, es decir, que los problemas sociales, económicos y políticos deben solucionarse mediante otros medios preventivos y represivos jurídicos que no sean las normas penales que, por definición, «son las más lesivas de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en multitud de situaciones carentes o con mínimas dosis de eficacia».

«Piezas interconectadas»

Recuerda Rodríguez Ramos que el Código Penal es un sistema « cerrado, holístico, un conjunto de elementos con sus múltiples piezas interconectadas», y no se puede modificar una ellas sin calibrar las repercusiones que pueda tener ese cambio en el conjunto. Además, el principio de legalidad de los delitos y de las penas exige, por una parte, «taxatividad», claridad y exactitud, en la descripción de la conducta delictiva y, por otra, proporcionalidad entre la nueva pena y las previstas para los restantes delitos. «Cuando se modifica el Código Penal como se viene modificando se van acumulando reformas, contrarre formas y‘ re que te contr arre formas’ que lo van convirtiendo en un monstruo y en un laberinto para los jueces, los fiscales y los abogados».

Vicente Garrido, catedrático y expresidente del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, se muestra preocupado por las reformas del Código Penal ‘intuitu personae’, es decir, aquellas orientadas a una persona o personas concretas, lo que, a su juicio, sucede con la sedición. «Es una perversidad, porque digan lo que digan la supresión del delito de sedición es resultado de un pacto con el secesionismo catalán, lo que resulta incomprensible cuando, además, los posibles beneficiarios han proclamado que ‘ lo volveremos a hacer’ (esta vez, sin castigo alguno)» . Lo mismo ocurre, opina, con la reforma de la malversación orientada al socialista José Antonio Griñán. «Las reformas del Código Penal, que han de hacerse en frío, y no para beneficiar a alguien, generan en la ciudadanía una evidente inseguridad jurídica, por no saber en cada momento cuáles son los tipos penales vigentes y no poder adecuar sus conductas a lo dispuesto en la ley».

El profesor y abogado Daniel Berzosa apuesta también por que cualquier reforma del Código Penal se examine siempre en su conjunto. «Proceder a una reforma ‘por trozos’ y ‘a salto de mata’, sin tener en cuenta la concepción social acerca del delito, puede provocar desajustes en la tipificación e introducir novedades que, en verdad, respondan a las preferencias de los representantes y no de los representados».

Concluye que «una modificación fragmentada provoca la inseguridad jurídica del ciudadano», pues la opinión pública no tiene la oportunidad, «de una sola vez y con visión de totalidad, de hacerse una idea respecto de la consideración de lo delictivo» . Al final, dice, la conclusión es que el ciudadano está «desorientado» ante « decisiones inconexas que forman parte de la i deología particular de quienes detentan el poder». Dice Berzosa que resulta contradictorio que una reforma de un texto tan «crucial» como es el Código Penal se haga sin consultar la opinión de los ciudadanos y de los órganos especializados en la materia.