El Gobierno ultima en estos días el paquete de medidas que formarán parte de las políticas activas de empleo en el próximo año. Aunque se trata de un punto que históricamente ha sido objeto de juicio y de análisis por las dudas sobre la efectividad de esta actuación arrogada al Ministerio de Trabajo, podría tornarse en una medida fundamental para sostener los históricos niveles de ocupación que ha alcanzado España en el presente ejercicio. Más aún, ante la expectativa de un enfriamiento de la economía que podría culminar en una recesión entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023. De hecho, este menor dinamismo de la actividad ya se está dejando ver en las cifras del mercado laboral. El pasado mes de noviembre fue el peor de los últimos tres años para la creación de empleo, llegando a destruirse casi 3.000 puestos de trabajo por cuenta propia.

El escenario es adverso, y aunque la reforma laboral ha cambiado por completo el mapa de la contratación en España, con una presencia cada vez menor de la histórica temporalidad que caracteriza a las relaciones laborales entre empresa y trabajadores, el nivel agregado de los nuevas firmas se desplomó el pasado mes de noviembre en un 30%.

Con esta coyuntura y las previsiones de empeoramiento en los próximos meses, las bonificaciones a la contratación que cada año despliega el Gobierno para incentivar la incorporación al mercado laboral de ciertos perfiles profesionales, adquieren una importancia vital. Concretamente, el anteproyecto de ley que ya se encuentra en proceso de aprobación parlamentaria y en periodo de enmiendas recoge cómo el Ministerio de Trabajo y Economía social subvencionará hasta 20 tipos de contratación el próximo año. En la mayoría de casos en forma de reducción del pago de cotización a la Seguridad Social (con cargo al presupuesto de gastos del SEPE).

En su conjunto, el Ejecutivo calcula que el coste para las arcas públicas de esta actuación asciende a 1.821 millones de euros (con datos de 2020). Y es precisamente la razón del coste de esta política, la que ha hecho señalar a diferentes organismos independientes las deficiencias sobre el diseño de estas bonificaciones en los contratos laborales, su escasa eficacia en el objetivo de fomentar la creación de puestos de trabajo estables, además de una urgente necesidad de que se pongan de parte de la Administración las herramientas precisas para poder evaluar su impacto.

La Airef señaló en el estudio de eficacia del gasto público en España que aun con las facilidades que ofrecen estos incentivos para la obtención de empleo en periodos de crisis, los efectos positivos son modestos y se encuentran sobre todo «en individuos con un nivel de formación medio-alto» y, además, no perduran en el tiempo si el incentivo desaparece. Y más recientemente, el Tribunal de Cuentas abonó esta teoría de la ineficacia en los incentivos confirmando el exiguo impacto que tiene sobre algún tipo de contrato como el de relevo, formación o sustitución por jubilación.

En un informe fiscalizador, el organismo auditor concluyó que ni el SEPE ni la Tesorería General de la Seguridad Social cuentan con los medios para poder controlar el efecto de las bonificaciones, confirmó el uso fraudulento de las mismas en un puñado de ocasiones sobre estas tres modalidades de contratación expuestas y calificó este elemento de la política activa de empleo como «ineficiente y tan solo relativamente eficaz».

El propio ministerio dirigido por Yolanda Díaz señala en el anteproyecto del ley, que ha podido consultar este medio con las últimas modificaciones incluidas tras el proceso de audiencia pública, que este tipo de medidas no siempre t ienen un efecto positivo, «como se ha puesto de manifiesto con la opción legal de promocionar la contratación temporal como instrumento de fomento del empleo».

Coste de la bonificación

En este sentido, fuentes oficiales consultadas por ABC, aseguran que en el basto pliego de bonificaciones previsto para 2023 e incluido en el anteproyecto de ley en cuestión trata precisamente de alinearse con estas demandas realizada por l os organismo independientes como Airef. De hecho, la memoria normativa del texto aclara que como producto de las modificaciones realizadas sobre las diferentes figuras y la cuantía de subvención de los contratos laborales, la propuesta de ley conlleva una disminución estimada del gasto público de 267,03 millones de euros en esta partida.

Precisamente, esta disminución de la partida presupuestaria sería la primera en muchos ya que, en los últimos cuatro años, el gasto en estas política activas de empleo y el volumen de beneficiarios de las mismas se ha incrementado en un 38%. Concretamente, durante la presente legislatura, se ha pasado de un total de 3,4 millones de trabajadores con algún tipo de incentivo a la contratación en 2018 a los 4,7 millones que se registraron a cierre de 2021. Según apunta el texto, las empresas se podrán beneficiar de estas nuevas bonificaciones desde el día después de la publicación en el BOE de la nueva reglamentación.

Cuantía de la subvención

Concretamente, tendrá una bonificación en cuota de 366 euros al mes la contratación indefinida de personas con discapacidad; con 128 euros al mes

la contratación indefinida, si la persona tiene capacidad intelectual límite, y con 138 euros al mes el contrato indefinido de personas trabaj adoras readmitidas, t ras haber cesado en la empresa por incapacidad permanente total o absoluta.

Entre otros muchos preceptos, sujetos a modificaciones aún en el trámite parlamentario, se reduce en 128 euros la cuota por la contratación indefinida de mujeres víctimas de violencia de género, de violencias sexuales y de trata de seres humanos; en 366 euros en los contratos de duración determinada que se celebren con personas desempleadas para sustitución de personas trabajadoras; y con 366 euros para personas trabajadoras durante las situaciones de nacimiento y cuidado del menor o la menor, corresponsabilidad en el cuidado del menor o de la menor lactante, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. También se aplican 138 euros de reducción para supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o enfermedad profesional.

Aparte, existen bonificaciones para contratación de personas en situación de exclusión social (hasta 147 euro al mes), para la contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración (110 euros), contratación indefinida de personas víctimas del terrorismo (128 euros), además de continuar subvencionados los contrato de relevo, sustitución, formativos y para personal investigador, entre otros.