¿Saben por qué la conexión para transportar hidrógeno verde entre Barcelona y Marsella será submarina? Porque debajo del mar no hay ‘Govern’ catalán ni ayuntamientos que puedan obstaculizar los planes. Si hay una comunidad de peso en España que va retrasada en cuanto al despliegue de las energías renovables esa es Cataluña. El «colapso administrativo», como lo llama la prensa catalana, no se ha conseguido superar pese a que la Generalitat aprobó en 2021 un decreto que pretendía aligerar la situación y que, probablemente, no ha hecho más que empeorar las cosas al exigirle a los promotores que consigan acuerdos más complicados que el que designó ‘president’ a Pere Aragonès. Ante este panorama, es mejor pagar por hundir el hidroducto.

Pero si hasta poco antes de la pandemia el atasco de las renovables era una nota distintiva de Cataluña, ahora éste afecta a todo el territorio nacional.

Lo primero que debe hacer el promotor de un proyecto de energía renovable es pedir a Redeia (ex Red Eléctrica) el acceso a la red. A los proyectos grandes se les da entrada directa y a los pequeños a través de compañías distribuidoras. Una vez que ya lo tienen, empieza a correr un plazo de cinco años para la entrada en funcionamiento, pero en paralelo hay que tramitar el resto de informes y papeleo. Esos informes los emiten las distintas administraciones y eso es como montar en el tren de la bruja. Es crítico el de impacto ambiental que, en el caso de los parques eólicos, suele tardar un promedio de seis años, según la asociación empresarial del sector.

El próximo 25 de enero de 2023 vence el plazo de una gran cantidad de permisos de acceso que se concedieron a partir de 2017, cuando se acabó el frenazo que tuvo la inversión en renovables a raíz de las primeras decisiones del gobierno de Rajoy. En esa fecha concluye la prórroga que dio el gobierno a los permisos que caducaban en 2021 y que ya venían atrasados. Esta vez, la vicepresidenta tercera ha dicho que no habrá más prorrogas, amenaza que, sobre todo, va dirigida a las comunidades autónomas que son las que pidieron el aplazamiento anterior. Según Redeia, hay permisos de acceso a red para proyectos que suman 143.700 MW. No todos se acabarán realizando. Se estima que hasta 2030 sólo se instalarán entre 50.000 y 60.000 MW, lo justo para cubrir el expediente.

La lentitud burocrática y un procedimiento extremadamente garantista está detrás del retraso. No se puede iniciar un trámite mientras otro esté aún abierto. En el último decreto de medidas anticrisis el gobierno flexibilizó la tramitación para las grandes instalaciones. Algo similar han tenido que hacer con las exigencias de los famosos Perte. Después del fiasco inicial del Perte del vehículo eléctrico, ahora se ha decidido reducir a la quinta parte los avales necesarios para los proyectos del alimentario, otro signo más de que el Gobierno sigue improvisando parches a unos procedimientos anticuados que debería revisar a fondo. jmuller@abc.es