Con una maniobra más de elusión de responsabilidades, las autoridades medioambientales adjudican ahora el desastre de Doñana al fenómeno natural de la sequía. Como si, antes de que esta sobreviniera, el espacio natural más emblemático de España no hubiera tenido que afrontar una interminable sucesión de atentados contra su integridad, provenientes de la propia Administración pública. Entre ellos, el drenaje de la mayor parte del humedal original, las plantaciones de eucaliptos, la urbanización de la costa, el Plan Almonte-Marismas, la extracción de aguas del subsuelo para regadíos, etc.

La sequía es un episodio natural recurrente al que los ecosistemas están adaptados y del que se recuperan en una situación normal. Recuerdo el largo período seco que nuestro humedal sufrió al comienzo de los años ochenta y la espectacular regeneración que tuvo lugar posteriormente. Pero ahora la marisma está dañada internamente por una alteración radical de su régimen hídrico, provocada por el agotamiento de su acuífero subterráneo.

Los Gobiernos y las diversas administraciones, con su habitual actitud partidista, no han dejado de destruir nuestro patrimonio natural a lo largo de muchas legislaturas obviando casi siempre el cumplimiento de las normas establecidas y no haciéndolas cumplir. Ahí están el decreto de 1999 o el plan de regeneración hídrica 2005, nunca cumplimentados por los responsables administrativos, y la permisividad mostrada ante la utilización ilegal de aguas del subsuelo.

En 1973 se produjo la más grande mortandad de aves que ha conocido la marisma. Fue la consecuencia de una fumigación con organoclorados llevada a cabo por las autoridades agrarias. Los cadáveres, que se contaron por cientos de miles, cubrían la superficie de caños, lucios y esteros, lo que desencadenó el botulismo, una infección bacteriana tóxica que siempre aparece en las aguas donde se descompone abundante materia orgánica. Las autoridades declararon al botulismo causante del desastre y se lavaron las manos.

Así, ahora, con el mismo descaro achacan la muerte del paraje natural que goza del más alto grado de protección, sobre el papel, a la sequía y al cambio climático. Que nadie se llame a engaño: a Doñana la mata la Administración pública, que entre otras cosas ha destruido su sistema hidrológico y ahora le carga el muerto a la ausencia de lluvias.